Los regantes españoles mantendrán la posibilidad de cambiar de potencia eléctrica contratada en un plazo inferior a doce meses, tras la prórroga de esta medida en la contratación del suministro eléctrico recogida en el decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno.
El decreto-ley mediante el que se prorrogan varias medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y se aprueban otras nuevas en materia fiscal energética y social, recoge en su artículo 22 la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2024, de la posibilidad de cambiar las potencias contratadas en el suministro eléctrico en un plazo inferior a 12 meses.
La medida resulta particularmente beneficiosa para los regantes, al permitirles adaptarse a su patrón de consumo estacional sin coste.
Flexibilización
Esta medida de flexibilización de los contratos de suministro de energía eléctrica es una demanda histórica de los regantes. Se puso en marcha, por primera vez, en el último trimestre de 2022 y se ha mantenido de forma temporal desde entonces.
Es la Administración General del Estado la que asume el coste de los cambios de potencia que permiten al regadío reducir los gastos derivados del uso de energía eléctrica y adaptar la potencia a la época de riego.
La disminución de costes repercutirá directamente en la agricultura de regadío. Los regadíos representan en España el 22,1 % de la superficie agraria útil (SAU), algo más de 3,7 millones de hectáreas, según los últimos datos de la Encuesta sobre Superficie y Rendimientos de Cultivo (ESYRCE) 2023.
Unión de Uniones reclama que la medida sea permanente
Unión de Uniones critica el “empecinamiento” de MITECO en no regular de forma permanente una modalidad de contrato eléctrico para regadío con dos potencias diferentes a lo largo del año, tal y como le obliga la Ley y como ha sentenciado el Tribunal Supremo.
La organización agraria tilda la renovación de “parche” que está siendo usado como excusa por el MITECO para no cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a adoptar una medida similar, “pero con carácter permanente”.
La organización denunció al MTECO por incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que disponía que el Gobierno debería haber regulado en el primer semestre de ese año una modalidad de contratación para el regadío que permitiera contar con dos potencias diferentes a lo largo del año, para de este modo evitar los costes fijos del contrato fuera de las temporadas de riego.
