Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la declaración de excepcionalidad de la campaña agrícola 2022-2023 a consecuencia de la sequía.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural debe determinar el alcance de las obligaciones y los criterios de admisibilidad de actuaciones de la propia consejería y de las ayudas de la Política Agrícola Común, tanto con cargo al Feaga como al Feader, equiparando esta situación a las de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales», señalan desde Asaja.
Paralelamente, se publica en el boletín la declaración de urgencia para la adopción de medidas de apoyo al sector agrario, dirigidas a dotar de liquidez a las explotaciones de modo que permitan paliar los efectos negativos de la sequía y las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.
Entre estas medidas se incluirán las destinadas a la bonificación total o parcial de intereses de los préstamos financieros y las destinadas a complementar las cantidades percibidas en concepto de indemnización por siniestros de sequía de seguros agrarios, que una vez adoptadas serán comunicadas a la Junta de Castilla y León, así como cualquier otra medida que en su caso requiera ser autorizada por ésta.
Asaja ha pedido que el consejero, Gerardo Dueñas, explique en qué se van a concretar estas medidas, que en todo caso deben ser acompañadas de ayudas directas a los agricultores y ganaderos.