Ricardo Ortega
El regante que toma el agua de un pozo tiene muchas razones para participar en el IV Congreso Nacional de Regadíos con Aguas Subterráneas, que se celebra el miércoles 27 de noviembre en Valladolid y que permitirá conocer mejor la naturaleza y el funcionamiento de las comunidades de usuarios. También los derechos que asisten a estas entidades y a sus integrantes, tanto en su actividad profesional como en su relación con la Administración.
“Mi presencia en el encuentro de Valladolid servirá para avisar al regante de lo que le viene encima. Siempre digo que, cuando participo en una asamblea o una reunión con regantes, nunca me aplauden porque digo las cosas como son y no dejo a nadie satisfecho”. Así de tajante se muestra Miguel García Carretero, jurista y secretario de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas de Castilla-La Mancha, que en su ponencia ‘Derechos en el uso del agua: estructura y horizonte temporal de las aguas subterráneas’ analizará las diferentes formas que adoptan las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, con especial hincapié en las entidades de nueva constitución, “de forma mayoritaria tras la declaración de riesgo de una masa de agua”.
Para Carretero, “las funciones de estas comunidades son relativamente escasas y están atadas con hilos muy finos”. Entre otras cosas, porque en relación con los derechos de uso de agua “el panorama es muy diferente en función de la demarcación de la que se trate, y también dependiendo de si la masa de agua está declarada en riesgo”.
En unas ocasiones los titulares del derecho son las propias comunidades de usuarios, como sucede en el Alto Guadiana, mientras otras veces los titulares son los regantes. “La casuística es muy variada y cada demarcación interpreta las normas de aplicación de un modo determinado”, subraya. Por ejemplo, dentro de la cuenca del río Guadiana no tiene los mismos efectos la declaración de una masa en riesgo en la parte alta de la cuenca que en la desembocadura.
“Otra cuestión muy significativa es que en el Alto Guadiana es impensable que un agricultor de secano riegue sus cultivos, mientras en la demarcación del Duero ese mismo agricultor puede regar si entra a formar parte de una Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS)”.
También cambia mucho el panorama en función del tiempo que estas figuras lleven existiendo, puesto que en comunidades como Castilla y León están “en mantillas”, según el jurista.
Participar en los órganos consultivos
García Carretero defiende la importancia de que las comunidades de usuarios cuenten con presencia en los diferentes órganos consultivos o de gestión. Por ejemplo, a la hora de redactar un plan de sequía o de elaborar un nuevo plan hidrológico de cuenca. “En ocasiones se hace caso al punto de vista de los regantes y a veces no, pero lo que está claro es que sin estar representados no se darían cuenta de determinados aspectos y nos pasarían por encima”, advierte.
También es importante estar presente en esos órganos y mostrar el punto de vista del regante “porque en ocasiones, ante los tribunales, se recrimina a la comunidad de usuarios por no haberlo hecho en el proceso de elaboración de la norma correspondiente”. Por eso es importante poder alegar ante el juez o tribunal que se ha estado argumentando a lo largo de todo el proceso.
¿Qué pasa con los pozos ‘de Minas’?
En relación con los pozos ‘de Minas’, afortunadamente sigue abierta la vía de acudir a los tribunales y ejercer una acción declarativa del derecho al uso del agua, aunque se trata de un resquicio “que se va a cerrar en cuanto los grupos presentes en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo y modifiquen la Ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada en el año 2000 y que dejaba abierta esa puerta”.
Cerrar esa vía está sobre la mesa, pero ningún grupo ha impulsado acabar con ella porque es un asunto muy espinoso, “que afecta a mucha gente y a muchos territorios”, señala Carretero.
Un encuentro clave
El evento del 27 de noviembre tendrá lugar en el Espacio La Granja de Valladolid, en un encuentro que reunirá a regantes y técnicos de diversas regiones de España, incluyendo Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Castilla y León.
