El ministro Luis Planas ha confirmado que la conversión de la AICA en agencia estatal se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
El ministerio quiere dar una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas, el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.
La futura Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria mantendrá el acrónimo de AICA.
El ministro también ha avanzado que a lo largo de 2024 la actividad de la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente.
También se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos.
2023: más denuncias y más sanciones
A lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4 % en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.
El ministro ha aprovechado para recordar que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores. A su juicio, dicho registro se ha convertido ya en una “herramienta determinante” para la labor de inspección de este organismo.
