Edu Mongil
Después de meses de demora e incertidumbre, la Ley de Restauración de la Naturaleza ha salido finalmente adelante. El Consejo de la Unión Europea ha conseguido el consenso necesario, concretamente un total de votos de los ministros de cada estado que equivalen a más de un 65% de la población europea. La titular austriaca, yendo en contra de su propio canciller, decidió apoyar finalmente la norma, así que en las próximas semanas saldrá publicada en el Diario Oficial de la UE, el último requisito para su entrada en vigor.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hace el campo. La forma en la que se va a desarrollar la nueva ley dependerá de cada estado, y todos ellos deberán elaborar una planificación de cómo llegar a los objetivos marcados por la Unión Europea hasta 2033. Eso significa que aunque el texto va a entrar en vigor en los próximos días, no va a desplegar efectos inmediatos. Es previsible, por tanto, que muy pronto comiencen intensas negociaciones entre las organizaciones agrarias y el Gobierno para determinar las medidas concretas aplicables en España.
Asaja, en palabras de su director de oficina en Bruselas, José María Castilla, indica que «ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con la confrontación con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución», ha añadido el portavoz de nuestra organización en la capital comunitaria. Además, ha declarado no confiar en una actitud abierta a las negociaciones por parte del ejecutivo español «tenemos la experiencia de los planes estratégicos de la PAC, donde citan al sector pero sin contar con él».
Por su parte, Unión de Uniones ha asegurado que va a presentar una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo.
Desde esta organización afirman que la Ley de Restauración de la Naturaleza afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios y fertilizantes para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. “Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias”, denuncian.
De momento, lo único que se sabe a ciencia cierta es que se deberán restaurar hasta un 40 % de las superficies protegidas por la Red Natura. En España, la Red ocupa 138.000 kilómetros cuadrados en tierra y 84.300 kilómetros cuadrados en el mar. Según las primeras estimaciones, esto se traducirá en que el campo español va a perder 80.000 kilómetros cuadrados de tierras de laboreo.
Los representantes europeos siempre han recordado, durante la negociación de esta ley, que más del 80% de los hábitats de la UE están en mal estado. Los eurodiputados subrayan, además, que «la restauración del ecosistema es clave para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria».
