La Unión de Campesinos de Castilla y León se ha manifestado en contra de la propuesta de implantar un impuesto especial en las bebidas carbonatadas y azucaradas, “que se contempla como una medida recaudatoria y no como una medida de salubridad”. En todo caso, dicho impuesto “no debería ni repercutirse ni distribuirse entre los integrantes de la cadena alimentaria, y en ningún caso entre los productores y los consumidores”
La Unión de Campesinos asegura que los beneficios “que la principal multinacional de bebida carbonatada y azucarada ha tenido en España en los últimos dos años” le permitirían asumir este incremento impositivo sin necesidad de repercutirlo. En el año 2014 el beneficio se situó en 177 millones , alcanzando una cifra récord de 191 millones en el año 2015, según la organización agraria.
UCCL considera que el principal problema del sector de la remolacha “es ahora mismo la incertidumbre que genera un escenario de desaparición de cuotas”, que exige que la administración “dé un paso al frente” convocando de forma urgente la Mesa del Azúcar de Castilla y León. Este debería ser el foro estable de interlocución, debate y consenso, “en el que debería haberse negociado, debatido y consensuado el documento de rechazo al impuesto de bebidas carbonatadas y azucaradas”.
La Mesa del Azúcar está integrada por la propia Administración regional, los productores y la industria y debería ser convocada “con el ánimo de negociar contratos estables, basados en la rentabilidad de las partes y anticiparnos de esta forma a las posibles consecuencias negativas que pudiera traer consigo la desaparición de cuotas , como ha ocurrido en el sector lácteo”.
La apuesta “decidida” por este sector por parte de la consejería, como sector estratégico en Castilla y León, que tiene los productores y la industria en su territorio de forma mayoritaria, “no puede reducirse a la firma de un documento de rechazo a un impuesto”, ya que “esto es solo una cortina de humo que ensombrece los principales problemas a los que se enfrenta el sector, entre ellos, la deuda que acumula la consejería frente a los cultivadores de remolacha de Castilla y León”.