Emilio González Izquierdo
Con el inicio de la campaña de riego, la vulnerabilidad de las explotaciones agrícolas vuelve al primer plano. Los depósitos de gasóleo situados junto a pozos, balsas y canales, a menudo desprotegidos y alejados de núcleos urbanos, se han convertido en un objetivo prioritario para los delincuentes, especialmente ante la escalada de precios del combustible.
Según la nueva redacción del artículo 235.1.4.º del Código Penal, el robo de productos agrarios o de los instrumentos y medios necesarios para su obtención, categoría en la que se encuadra el gasóleo de riego, se considera un tipo agravado siempre que el valor de lo sustraído supere los 400 euros. Esta modificación busca simplificar el castigo al delincuente, evitando que los jueces tengan que valorar la «gravedad del perjuicio» y centrándose exclusivamente en el valor objetivo de lo robado.
Además, la ley ataca frontalmente la multirreincidencia. Aquellos ladrones que cometan hurtos de cuantía inferior a 400 euros, pero que ya cuenten con al menos tres condenas previas por delitos de la misma naturaleza, podrán ser castigados con penas de prisión de seis a dieciocho meses.
Para reforzar la seguridad inmediata, los juzgados cuentan ahora con mayor agilidad para imponer medidas cautelares, como la prohibición de acudir o residir en las zonas donde se encuentran las explotaciones afectadas, con el fin de evitar que los ladrones sigan actuando en la misma comarca.
A pesar de estos avances legislativos, el sector sigue siendo muy vulnerable a todo tipo de robos. Factores inherentes a la naturaleza de las explotaciones agrícolas, como la fácil accesibilidad, la ubicación remota y otros factores como la despoblación rural, plantean una cuestión crítica: ¿son suficientes estas penas más severas para disuadir el robo en áreas tan extensas y aisladas?
Mientras que la reforma dota a los jueces de mejores herramientas y permite incluso a los ayuntamientos personarse como acusación en los juicios por hurto, muchos agricultores sostienen que el endurecimiento del Código Penal debe ir acompañado de un refuerzo efectivo de la vigilancia. La excelente labor de los Equipos ROCA de la Guardia Civil, que han logrando una importante disminución de este tipo de robos en la últimas campañas (un 40% menos de robos en la campaña de la aceituna), son un ejemplo de todo lo que se podría conseguir si se incrementasen sus filas o si se crearan otros equipos similares en el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En esta perspectiva, los avances tecnológicos y el uso de drones pueden ser unos aliados determinantes a la hora de multiplicar la capacidad de vigilancia de estos operativos. La eficacia disuasoria de la nueva ley dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para detectar el delito en el momento en que se produce. Y para ello, se necesitan más efectivos y mejor preparados para vigilar la inmensidad del medio rural.
