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La IA dispara su consumo eléctrico y España pone nuevas reglas a los centros de datos

El auge de la inteligencia artificial está multiplicando la necesidad de infraestructuras capaces de procesar y almacenar enormes cantidades de información. España quiere anticiparse al impacto energético de ese crecimiento con una nueva regulación para los centros de datos.

El Gobierno plantea que las instalaciones de más de 1 MW respalden cada hora al menos el 80% de su consumo con nueva generación renovable, en un momento en el que estos proyectos acumulan más de 12 GW de acceso y conexión concedidos a la red eléctrica desde 2021.

Una demanda eléctrica en rápido crecimiento

La Estrategia de Inteligencia Artificial española estima que los centros de datos podrían alcanzar unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, lo que requeriría entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Las solicitudes actuales, sin embargo, ya superan ampliamente esas previsiones.

El crecimiento obliga a mirar más allá del precio de la luz y considerar cómo nuevas grandes demandas pueden alterar el conjunto del sistema eléctrico.

La propuesta establece un principio de adicionalidad que vincula el nuevo consumo con el desarrollo de capacidad renovable:

  • Por cada nuevo megavatio consumido deberá haberse instalado otro megavatio de generación renovable durante los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del centro.
  • El suministro podrá proceder del autoconsumo o de contratos de compraventa de energía a largo plazo.
  • El origen renovable de la electricidad deberá acreditarse hora a hora.

Nuevas exigencias de eficiencia y sostenibilidad

El consumo eléctrico no es la única preocupación. Los centros de datos necesitan grandes cantidades de agua y energía para mantener operativos y refrigerados sus equipos. Por ello, las instalaciones afectadas deberán cumplir la categoría A, el nivel más exigente del futuro etiquetado europeo, tanto en eficiencia energética como hídrica. El objetivo se alinea con la necesidad de reducir el consumo energético en infraestructuras intensivas en electricidad.

La obligación renovable también busca evitar que el aumento de demanda implique una mayor generación con gas natural. Sin suficiente capacidad renovable adicional, el crecimiento de estos proyectos podría elevar los costes eléctricos para el conjunto de consumidores y aumentar su huella de carbono. Los incumplimientos podrán traducirse en penalizaciones sobre cargos y peajes e incluso en la pérdida del derecho de acceso a la red.

Un nuevo marco para la expansión digital

El tamaño energético de estas instalaciones permite dimensionar el reto. La regulación afectará principalmente a centros de más de 1 MW, una magnitud muy alejada de los megavatios que consume una casa. Además, los centros superiores a 500 kW deberán comunicar anualmente información sobre eficiencia energética y sostenibilidad para su publicación.

Los proyectos actualmente en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse, mientras que aquellos pendientes de concursos de acceso a la red tendrán tres meses para acreditar el cumplimiento. Con estas condiciones, España busca acompasar la expansión de la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial con nueva capacidad renovable, evitando que el crecimiento digital traslade parte de sus costes energéticos al resto del sistema eléctrico.

Fuente: papernest.es

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