El Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de la Comisión de imponer la reducción a la mitad del uso de productos fitosanitarios para la protección de los cultivos.
La propuesta de reglamento de la Comisión “habría puesto en serias dificultades al sector agrícola para mantener en buenas condiciones sanitarias sus producciones. De hecho, algunos cultivos sería imposible mantenerlos en sus zonas tradicionales al encontrarse implantados en áreas sensibles en las que las prohibiciones serían aún más estrictas”, destaca Unión de Uniones.
Para la organización, la reducción de materias activas es “inasumible” para el sector si no se destinan recursos científicos, técnicos y financieros suficientes para buscar alternativas eficaces y viables en cada zona agroclimática.
Sin medir los impactos, sin hablar con los productores, sin poner a su disposición las herramientas necesarias, aprobar este reglamento habría sido irresponsable”, consideran desde la Unión de Uniones.
Para Asaja, la propuesta de reglamento suponía eliminar, sin ofrecer alternativas, “hasta el 65% de las soluciones fitosanitarias empleadas para hacer frente a las plagas y enfermedades”.
Con esta votación, el PE “ha atendido al clamor de todo el sector agrario, que llevaba varios meses alertando de las graves consecuencias que hubiera tenido la adopción de este reglamento para la competitividad y la autosuficiencia alimentaria europea”.
Asaja recuerda el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen que concluyó que la aprobación del reglamento provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, por tanto, un aumento de los precios para los consumidores.
Por parte de COAG, “nos alegramos de que haya imperado el sentido común y la responsabilidad entre los europarlamentarios”, puesto que “sin alternativas eficaces y plazos realistas, la propuesta de la Comisión Europea dejaría indefensos a los agricultores para combatir las plagas y provocaría una fuerte subida del precio de los alimentos al consumidor”.
Durante los últimos meses, COAG ha mostrado su rechazo a las distintas instituciones comunitarias en base a las siguientes consideraciones:
-Es intolerable la “hipocresía” de la Comisión Europea respecto a la no exigencia de estas condiciones a las importaciones de terceros países. Perpetuaría la competencia desleal con nuestras producciones. Pedimos reciprocidad: las exigencias que se aprueben en la UE deben cumplirlas las producciones agrarias que entren al mercado comunitario.
-Es “inaceptable” la utilización de los fondos PAC para financiar este reglamento.
-La fecha de 2030 es “poco realista”. No hay plazo suficiente para acometer esa transición sin alternativas viables para el agricultor.
-Se olvida de los grandes avances y esfuerzos por parte del sector para reducir el uso de los fitosanitarios, caso de la Gestión Integrada de Plagas y la lucha biológica.
