El salmantino Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de Castilla y León en un pleno monográfico de las Cortes regionales que se celebrará el 9 de junio. El vicepresidente será el leonés Carlos Pollán, anterior presidente de la Cámara regional, y a partir de ahí continúa el ‘sudoku’ de los nombramientos.
La organización agraria Asaja valora que, por fin, haya un acuerdo político entre el PP y Vox para conformar gobierno y dar estabilidad política tras las elecciones autonómicas del pasado marzo.
Especialmente, valora la creación de una ‘macroconsejería’ de Agricultura en la que, a sus competencias habituales, se suma también la política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.
Con respecto a este último punto, “el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades que les son comunes”. “Por supuesto, esta renovada consejería tiene que llegar convenientemente dotada de los recursos humanos y económicos precisos para desarrollar las competencias que le corresponden”, advierte.
En cuanto a las medidas pactadas en materia de política agraria y medio ambiente, “en muchos casos son meras declaraciones de intenciones; parecen poco concretas, no mencionan plazos ni compromisos presupuestarios, algunas se salen de las competencias de un gobierno autonómico y hasta pueden buscar el enfrentamiento entre administraciones en vez del consenso”, avisa.
“Por experiencia anterior”, dice, en algunas cuestiones ambos partidos políticos no opinarán lo mismo en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo. La organización agraria valora que, en materia agraria, en el documento no se hayan metido en ningún “charco”, aparentemente.
En la política impositiva, la organización pone el foco en la promesa de “reducir impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas” y seguir bonificando al 95% las tasas veterinarias.
Asaja también considera ambicioso el acuerdo en materia de política hidráulica, pero recuerda que las competencias recaen en la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, en el Gobierno de España. También suena bien preservar el suelo agrícola frente a la “especulación” de los fondos que promueven las energías fotovoltaicas, aunque de nuevo muchas competencias recaen en el Estado.
