Ricardo Ortega
La Ley de la Cadena Alimentaria ha cumplido once años de vigencia y la mayor parte del sector coincide en que ha servido para cumplir buena parte de sus fines, como el aumento de la competitividad o una mayor transparencia en las relaciones comerciales.
La ley, que excluye de su ámbito de aplicación las entregas a cooperativas y otras entidades asociativas, tiene en cambio un punto ciego en relación con una reclamación tradicional de los agricultores y ganaderos: la prohibición de que el productor reciba un precio inferior a los costes en los que ha incurrido.
Esta exigencia no estaba en el texto original de 2013, impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete, sino que se ha introducido posteriormente –ya con Luis Planas en el MAPA– ante la presión ejercida por las organizaciones agrarias.
Para el economista Francesc Reguant la Ley de la Cadena Alimentaria era una buena ley, pero dejó de serlo cuando se le añadió esa modificación en su artículo 9 j). Una quimera, en su opinión, en primer lugar porque los costes no son iguales para las distintas empresas. “¿Cuál sería el precio que se debe pagar por encima de los gastos? ¿El precio que se equiparase al coste del productor más eficiente (con menos costes), al menos eficiente o al promedio?”, se pregunta.
En cualquier caso, además, “ello sería equivalente a fijar un precio público”, lo que contravendría tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el espíritu de la normativa que la UE viene aprobando desde hace más de medio siglo.
¿Dónde queda la eficiencia?
Entre las consecuencias de aprobar un precio, Reguant destaca que se desincentivaría cualquier esfuerzo de innovación que redujera los costes. Por otra parte, se incrementarían las importaciones a precios del mercado global, que en la mayor parte de los casos son inferiores a los precios del interior de la península. Por no mencionar, según el economista, la exigencia de mayores requerimientos burocráticos para demostrar esos costes.
En el caso de que el comprador pagase a cada cual el precio adaptado a sus costes, tendría que pagar un precio diferente a cada proveedor. Como consecuencia, el productor más eficiente terminaría acaparando el mercado y terminaríamos siguiendo los caminos clásicos de formación de precios en un mercado competitivo. “Pero para este viaje no hacían falta estas alforjas”, advierte el analista.
De este modo, la Ley de la Cadena Alimentaria ofrece herramientas para mejorar la información sobre el mercado, reforzar la posición competitiva y la capacidad de negociación de los agricultores. “Pero la fijación de precios debe reservarse al mercado desde una posición negociadora reforzada sobre una mayor competitividad y dimensión comercial”, subraya en un análisis publicado en la Plataforma Tierra.
La respuesta debe estar, por tanto, en la agrupación de los productores para defender su precio, bien a través de cooperativas, bien a través de fórmulas como las organizaciones de productores (OP).
Según Cooperativas Agroalimentarias de España, en nuestro país hay 3.669 cooperativas, aunque el 77% de estas sociedades son de tamaño pequeño y apenas un 5% pueden calificarse como grandes, con capacidad para erigirse en referencia y contribuir a organizar el mercado.
Ante esta realidad, algunas voces reclaman que una parte de las ayudas PAC se destinen a fomentar las agrupaciones de productores. Es la vía que defienden desde COAG “siempre que se dirijan a verdaderas cooperativas, y no a empresas”. Lo mismo defienden desde Cooperativas Agroalimentarias de España.
Una ley difícil de cumplir
El artículo 9 j) de la Ley de la Cadena Alimentaria se aprobó para dar respuesta a las presiones por parte de las organizaciones agrarias, que siguen reclamando su cumplimiento. Pero ello no impide que reconozcan las dificultades que se plantean en la práctica.
Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja, admite que combatir la venta a pérdidas es “muy difícil” de cumplir. Destaca que a Ley de la Cadena Alimentaria es un gran avance y que todo lo hecho en España durante los últimos años “nos convierte en un referente para el conjunto de la UE”, si bien queda mucho por hacer.
“Se ha avanzado mucho en esta década y hemos comprobado que hay cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, como en Castilla-La Mancha, donde se ha aprobado un precio de referencia para la uva”, apunta.
Desde la organización agraria se reclama a la AICA que ejerza “un mayor control” para que no se venda por debajo de los costes de producción, aprovechando la información de la que ya se dispone.
Para Álvarez, “estamos sobre todo ante un problema de costes, y por eso reclamamos al ministerio que, ya que hay un observatorio de precios, haya también uno de costes, de modo que el agricultor no pueda vender por debajo de los gastos de producción detectados por ese organismo, especificados por áreas geográficas y por cultivos”.
“Ya hay estudios de los sectores del vino, el aceite de oliva y el lácteo, y lo ideal sería que esa forma de trabajar se fuera extendiendo a otros sectores”, reclama. “Una distribución justa de los márgenes sería la que dejara un tercio para el productor, un tercio para el operador y un tercio para el sector de la alimentación. Se puede avanzar hacia ese marco si se trabaja de forma conjunta entre los tres eslabones; por ejemplo mediante las asociaciones interprofesionales, entre las que el modelo puede ser el del aceite de oliva”, subraya.
¿Qué pasa con el precio del cereal?
Las diferentes manifestaciones en contra de las importaciones de cereal ponen el foco sobre uno de los principales subsectores del agro español. José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE), destaca que cuando se puso en marcha la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena, todas las miradas se dirigieron a sus socios.
“En realidad había un cierto desenfoque, puesto que los operadores de cereal y oleaginosas comercializan un producto no perecedero, es decir, sin las prisas por ser vendido que habitualmente pone al productor entre la espada y la pared: lo vende al precio que sea o se le pudre entre las manos”, recalca.
Por lo tanto, “si el agricultor puede vender a 200 euros la tonelada pero producirla le ha costado 205, está en su mano la decisión de vender o no”. Por lo tanto, “en este sector el que tiene la sartén por el mango a la hora de vender es el productor”.
De hecho, el año pasado la directora general de la AICA, Gema Hernández, “participó en la asamblea general de ACCOE y destacó que en las inspecciones realizadas a comercializadores de cereal no se habían detectado irregularidades”, subraya.
También se ha analizado esta cuestión en la última edición de la Bolsa Internacional de Cereales del Duero (BICD), donde quedó claro que hay muy poco producto en el mercado “precisamente por la decisión del agricultor de no vender”.
“Muchas veces el productor ve que bajan los precios y no vende para no perder, pero cuando hay una trayectoria ascendente tampoco vende porque piensa que puede ganar más, y al final la decisión de sacar el producto al mercado se produce de golpe, de forma masiva, y el precio se desploma no por una mano invisible, sino por precisamente por las decisiones que toma el productor”, advierte.
Esa es la razón de que, desde ACCOE, siempre se recomiende vender en tres o cuatro veces a lo largo del año, “para tener un buen precio medio y no influir de forma negativa en la evolución del mercado”, subraya Álvarez.
«La Ley de la cadena es papel mojado»
«Los ganaderos de leche llevamos desde comienzo del verano con bajadas en los precios decididas por la industria, lo que está suponiendo una caída muy importante en la facturación del ganadero, que no cubre gastos”. Lo dice el ganadero de ovino Alberto García, de Olmedo (Valladolid), pero su lamento coincide con el de numerosos productores de toda España.
Este emprendedor, que ha convertido su granja en un modelo de innovación, destaca las condiciones en las que trabaja el sector, “que no es como el de hace 20 años”.
“Con estos precios lo que está sucediendo es justo lo contrario de lo que dicen las administraciones: no hay explotaciones sostenibles en el tiempo, que fijen población en el medio rural”.
Es más, “para 2025 se habla de nuevas bajadas en el precio de la leche, con lo que vamos a dejar de ser viables”.
De esta manera, “la Ley de la Cadena Alimentaria se ha convertido en papel mojado”, ya que la norma incluye esa prohibición de la venta pérdidas, cuya aplicación está, según se ve, más que cuestionada.
