Febrero de 2024 pasará a la historia por la convocatoria organizada por agricultores y ganaderos anónimos, sin el respaldo de las organizaciones agrarias.
En plena ola de protestas, las organizaciones Asaja, UPA y COAG han anunciado su propio calendario de movilizaciones en demanda de un “ambicioso” plan de choque para el sector y un cambio de rumbo en las políticas agrarias de la UE.
El gran reto no a va ser, sin embargo, mover las posiciones de la Unión Europea, sino conseguir que agricultores y ganaderos secunden esta convocatoria; muchos afiliados de estas organizaciones rechazan estos días su funcionamiento y aseguran que no saldrán a la carretera con ellas.
Otros solo lo harán como prolongación de las movilizaciones que han arrancado el martes 6 de febrero a iniciativa de productores anónimos.
Ese mismo día está previsto que se desarrollen cortes en los dos sentidos de la autovía A-4 en Andalucía, además de tractoradas en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Plan de choque nacional
Las organizaciones exigen al Gobierno de España que presente urgentemente un Plan de Choque a nivel nacional que contemple la revisión del plan estratégico de la PAC nacional acorde a la realidad productiva de los distintos territorios, la simplificación administrativa para el agricultor y ganadero y reducción de la burocracia con la consecuente eliminación del cuaderno digital (como primera medida debe retrasarse hasta que se establezca obligatoriamente por la normativa UE).
“Apostamos decididamente por el regadío, rechazamos su criminalización y exigimos su modernización, así como la optimización de los recursos hídricos y el incremento de la capacidad de embalse”, subrayan.
Al mismo tiempo, “exigimos cambios en la normativa fiscal y laboral para el campo, con una disminución de la presión fiscal que conlleve la modificación de los distintos regímenes fiscales para favorecer la actividad agraria. Asimismo, pedimos que se adapte la reforma laboral a la eventualidad y realidad existente en el campo, además de establecer compensaciones en la seguridad social para afrontar la nueva subida del SMI”.
Por último, “demandamos el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria: nuestros precios se hunden y los costes de producción de los agricultores y ganaderos siguen sin cubrirse y, ante todo, exigimos la dignificación de nuestra profesión. Debe cesar de manera inmediata la campaña de acoso y derribo, así como la agresión y el desprestigio permanente de nuestra actividad por parte de las autoridades y los miembros del Gobierno”.
