La DO Cava tiene en estos momentos alrededor de 38.000 hectáreas de plantadas de viñedo, el 95% de las cuales se encuentra en Cataluña.
De esta superficie alrededor de 1.700 hectáreas se encuentran en el municipio de Almendralejo, con una producción estimada de 8 millones de botellas elaboradas en sus cinco bodegas inscritas.
El aumento de producción y comercialización de cava en Extremadura estaba siendo constante, desde las 6.000 botellas comercializadas en el año 1983 hasta las cifras actuales.
Este auge de la comercialización de cava extremeño contrasta con la pérdida de mercado de cava de otras zonas geográficas, por lo que en los últimos años se ha pretendido congelar la comercialización de cava extremeño con la prohibición de permitir nuevas plantaciones de viñedo para este uso.
El Ministerio de Agricultura, que es el competente en la autorización de nuevas plantaciones de viñedo, desde el año 2018 viene publicando las restricciones de estas nuevas plantaciones, amparándose en las propuestas realizadas desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, ya que la totalidad hasta hace tres años eran vocales de la zona productora y transformadora de Cataluña.
Según recuerda La Unión Extremadura, hace tres años entró a formar parte del Consejo Regulador un vocal representando los intereses de los productores de Requena (Valencia) y de Almendralejo (Badajoz). “Los agricultores de estas zonas les votaron para que defendieran los intereses de estas zonas productoras en expansión que no son coincidentes con los intereses de otras zonas”, señalan desde la organización agraria.
Hace dos años el representante de Requena votó en consonancia con los representantes de Cataluña para no permitir nuevas plantaciones y hace unos días el vocal Juan Antonio Álvarez-Lázaro de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo, “se ha abstenido en la votación permitiendo que en la DO no haya ningún voto en contra de impedir a los productores de Almendralejo nuevas plantaciones tal como el mercado demanda”, denuncian desde La Unión.
Para La Unión, “si tenemos más capacidad de comercialización no nos pueden afectar los problemas de otras zonas geográficas” y, al haberse abstenido en la votación, cualquier recurso contra la decisión del consejo regulador “tiene pocos visos de prosperar”.
