Lara Arias
El sector cerealista en España atraviesa una crisis profunda, marcada por la imposibilidad de competir con los precios internacionales, los altos costes de producción y la -consideran- falta de apoyo gubernamental. Los agricultores llevan varias semanas en la calle para mostrar su descontento y exigir medidas inmediatas para frenar esta situación.
Después de un inicio de campaña con cotizaciones muy bajas, en los últimos tiempos el precio del cereal ha sufrido una subida generalizada, pero que es considerada por el sector como “insuficiente” e “irrisoria”.
Los precios del cereal han experimentado alzas debido a nuevos factores geopolíticos como las complicaciones en Oriente Medio y la sequía en Europa y Sudamérica, pero los productores no están satisfechos. «No llegamos a cubrir los costes», asegura Federico Lorente, agricultor aragonés. Por su parte, Raúl Campo, agricultor de Palencia advierte que «las subidas son irrisorias y no cubren nuestros gastos».
En la misma línea está Jorge Navarro, productor de cereales en Albacete, que lamenta que, a pesar del incremento, los costes de producción, especialmente en insumos como el gasóleo, siguen “siendo más altos que los ingresos obtenidos por la venta del cereal”. Navarro, describe la situación como «catastrófica», y en su parecer, la entrada de cereal extranjero a precios más bajos está “ahogando a los agricultores nacionales”, que enfrentan costes de producción mucho más altos. «No podemos competir. Los precios los ponen los puertos, no las lonjas», señala, destacando la necesidad de que los productos importados cumplan con los mismos estándares.
La demanda de aranceles disuasorios es compartida por Genaro Rodríguez, agricultor de Zamora, quien considera que «los precios están bajos respecto a los insumos». Rodríguez sugiere una intervención estatal que regule los precios para evitar “el abuso de los intermediarios” y permitir que los agricultores tengan un margen de beneficio justo.
Competencia desleal y precios fuera de control
Otro tema recurrente es la falta de control en las lonjas, donde se supone que los precios del cereal deberían reflejar la realidad del mercado. Sin embargo, según Federico Lorente, «los puertos son los que machacan la situación, ofreciendo precios inferiores sin aranceles que regulen». Raúl Campo, agricultor en Palencia, cree que las lonjas no marcan los costes reales de producción.
Iván Álvarez, de Asegrain, y experto de mercados, asegura que los precios “no son suficientes o insuficientes”, y que, si al agricultor le gusta el precio o no, puede vender. “Es conocer el mercado. La realidad es muy distinta. Hay una falta de comunicación y saber que pedir y cómo pedirlo”.
Álvarez asegura que estas subidas son inesperadas “porque no había indicadores que lo alertaran. En nivel internacional hay buena siembra en general y buenas cosechas. El mercado ha reaccionado un poco en determinadas zonas y se está retrasando las futuras siembras.
El experto asegura que el aumento “es algo positivo para el mercado, pero cada uno decide si vender o no”, y que se ha vendido menos cereal internacional frente nacional, creando un colapso de cereal, lo que explica estas últimas alzas.
Mayor intervención
Entre las demandas del sector cerealista, destacan la recuperación del principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones la regulación del mercado para garantizar ingresos justos para los agricultores y el cumplimiento estricto de la Ley de Cadena Alimentaria. También piden que el Gobierno comunique a la Comisión Europea los desajustes provocados por los acuerdos especiales con Ucrania y un plan de ayudas para las zonas más afectadas.
La situación es crítica y, aunque algunos agricultores aún guardan esperanzas de una mejora, otros, como Raúl Campo, sienten que están «atados de pies y manos».
Los agricultores coinciden en que es necesaria una mayor intervención estatal, porque Genaro Rodríguez pide «regulación” para evitar que unos “pocos operadores controlen los precios y asfixien al resto del sector”. Federico Lorente, por su parte, aboga por reducir la burocracia y flexibilizar aún más las normativas de la PAC, además de dar prioridad a la producción nacional frente a las políticas medioambientales que, según él, “no tienen en cuenta las dificultades del sector”.
