Ricardo Ortega
El campo está alcanzando el punto de ebullición ante la nueva sementera, con unos insumos que siguen disparados y unos precios de venta que no animan a trabajar. Podemos estar ante un otoño caliente, con un sector que pasa de la preocupación a la movilización.
Las primeras manifestaciones ya tuvieron lugar este jueves en Vitoria y Valladolid, se anuncian para Aragón y regresarán a Toledo el 6 de octubre. Para este viernes se ha convocado a los viticultores de la DO Rueda, que reclaman unos precios que garanticen la rentabilidad del viñedo.
En todas las zonas productoras se escuchan motores de fondo, los de una campaña de movilizaciones que podría producirse antes de Navidad, como advertía el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, desde Tomelloso (Ciudad Real).
Para él la cadena de valor se rompe por el eslabón más débil, el del agricultor. “O fortalecemos la cadena o que desaparezca la ley, porque no sirve para nada”, reclamaba, mientras repasaba la situación de los diferentes sectores, como el del aceite de oliva, cuyo precio sigue bajando “por culpa de las importaciones del norte de África y Turquía”.
De Vitoria a la DO Rueda
En Vitoria, la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) ha secundado una tractorada para exigir que el País Vasco, y especialmente Álava, sea declarado en estado de sequía para que los agricultores puedan acceder a ayudas específicas.
Al mismo tiempo, una concentración ante la sede de Presidencia de la Junta, en Valladolid, reclamaba “medidas urgentes” frente a sus problemas de rentabilidad.
Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León, exigía “responsabilidad” a las administraciones y especialmente al Gobierno regional, “que a día de hoy no ha aprobado una sola medida de apoyo para los cerealistas”.
Por eso reclamaba un Plan de 150 millones de euros para este sector, la misma cuantía que ha puesto el Gobierno central, dados los altos costes de producción y los bajos precios del cereal.
«Si cualquier agricultor sabe lo mucho que cuesta producir, los licenciados con cargos administrativos y políticos también pueden hacer las cuentas y comprobar que algunos empresarios, industriales e intermediarios se están saltando la Ley de la Cadena”, recalcaba González.
Por eso, «no es necesario que la Junta espere la denuncia de los agricultores, sino que debe actuar directamente contra quienes se enriquecen a costa nuestra y nos arruinan».
El coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, recordaba por su parte que las organizaciones agrarias llevan “varias campañas” alertando de la situación. “Ya denunciamos en 2024, que esta situación iba a llevar al traste a este sector tan importante en Castilla y León”.
Según las cuentas de Rivera, en una situación ordinaria el sector genera una facturación de “más de 1.500 millones de euros”. “No hay sector productivo en Castilla y León que llegue a esa cantidad económica”.
Desde Asaja nacional se ofreció el respaldo a las movilizaciones de Castilla y León y se recalcó en redes sociales que sin agua, sin una PAC justa y sin rentabilidad, el campo se muere. “Y si el campo no produce, la ciudad no come”, sentenciaban.
“Producir nos cuesta el doble, nos pagan una miseria y trabajar la tierra se ha vuelto una ruina”, recalcaban desde la organización, que denunciaba unos “precios por los suelos y costes por las nubes”, además de unas “políticas de despacho” que ahogan al agricultor. También recordaban los daños producidos “por los incendios y por una “fauna descontrolada”.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, recordaba por su parte que la cosecha de cereal “ha sido mala”, con menos superficie sembrada, 300.000 hectáreas menos que el año pasado. En 2025, recordó, fue “buena”, pero al contar con costes altos “no se le sacó rentabilidad”.
Dujo explicó que, con 4,9 millones de toneladas y 3.100 kilos por hectárea (un 40% menos que el año pasado), se alcanza un valor de 980 millones de euros. Sin embargo, los costes de producción, a algo más de 800 euros la hectárea, se elevan a 1.300 millones. “Hemos perdido 300 millones de euros, más que lo que esa superficie cobra de PAC”, recalcaba.
Desde UCCL, referente regional de la Unión de Uniones, Jesús Manuel González Palacín insistía en que el sector está atravesando “el peor momento de su historia”. “Unos altísimos costes de producción que no podemos soportar, una pésima cosecha y, por si esto fuese poco, unos precios que están muy por debajo de los costes de producción”, recalcó.
Afrontar una nueva campaña en estas condiciones es “prácticamente imposible” para Palacín, que exigió al presidente de la Junta “150 millones de ayudas directas”. “No nos vale cualquier otra fórmula”, advirtió, además de reclamar medidas como unos seguros agrarios que sean capaces de cubrir “al menos 4.000 kilos por hectárea en toda Castilla y León”.
Manifiesto conjunto
Las organizaciones agrarias de Castilla y León recordaban en un manifiesto conjunto que la concentración del jueves era la cuarta protesta organizada en lo que va de año “en defensa de la agricultura cerealista, de la que Castilla y León es motor fundamental en España”, y que acumula pérdidas desde hace varias campañas, por una falta de rentabilidad sostenida a la que se suman, como en esta cosecha, los malos resultados productivos.
Para Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, es urgente que todas las administraciones responsables -autonómica, nacional y europea- “den un vuelco” en las políticas que marcan las condiciones actuales de total incertidumbre en las que trabaja el sector cerealista, que está en serio riesgo de desaparición por las “nulas garantías” de rentabilidad que se repiten año tras año.
“Sin rentabilidad no hay agricultura posible, y sin agricultura se pierde soberanía alimentaria, actividad económica, vida rural y vertebración y equilibrio territorial”, remachaban.
