El Gobierno ha presentado la reducción de la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas semanales este martes 4 de febrero. El texto se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria tras ser aprobado definitivamente en un próximo Consejo de Ministros.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha incidido en que la rebaja, de las 40 horas actuales a las 37,5 «no es una variable económica ni laboral más», sino un proyecto de país, que servirá para modernizar España.
«Más trabajadores para las mismas tareas»
Las organizaciones han expresado su firme rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobada este martes 4 por el Consejo de Ministros. Esta medida, pactada entre el Gobierno y los sindicatos (CCOO y UGT), «se ha impuesto sin tener en cuenta las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país, ya que no responde a la realidad del campo», según indica ASAJA.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha manifestado que esta decisión «dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufrimos una grave falta de mano de obra en nuestras explotaciones y campañas agrícolas». La reducción de la jornada obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que supone un incremento de costes inasumible para muchos productores.
Con la actual reforma laboral, solo se pueden realizar contratos fijos o fijos discontinuos, dificultando aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. «No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos», añade el presidente de ASAJA.
«No responde a la realidad del campo»
Desde la OPA se subraya que la reducción de jornada «no responde a la realidad del campo», donde los trabajos agrícolas dependen de factores como la climatología y los ciclos de producción. «Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector», advierte la organización.
Además, la OPA denuncia que esta medida se ha adoptado sin consultar ni considerar las consecuencias para la agricultura y la ganadería. «Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos», critica la organización.
«Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debe contar con la participación de todos los actores afectados», concluye la organización.