Ricardo Ortega
La cosecha es siempre el momento crítico de cualquier cultivo, dada la necesidad de recoger el fruto en el momento adecuado y en las mejores condiciones para llevarlo ante el consumidor. También es un momento delicado porque no siempre hay mano de obra en número suficiente para acometer esa labor, y esta es una de las cuestiones que ponen al sector, y al conjunto de España, ante el espejo de qué hacer, cómo y con qué medidas legislativas en relación con los miles de desempleados agrícolas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
También con miles de personas llegadas de otros países y continentes, “que en un 99% vienen para trabajar”, como subrayan numerosos empresarios y organizaciones de la patronal, pero que no siempre pueden hacerlo por su situación legal.
La cuestión tiene mil y una derivadas, y se plantea en un momento en el que la UE se replantea su actitud ante la inmigración. Pero mientras el debate va cobrando forma ya hay quien sustituye cultivos de elevado valor añadido por otros que se puedan mecanizar.
Sucede en las plantaciones de fruta de hueso, muchas veces sustituidas por olivar o frutos secos mecanizables. O en el sector del vino, donde se reemplazan los viñedos en vaso por las plantas conducidas en espaldera.
“Con estas modificaciones estamos perdiendo producciones muy interesantes y que generan mucha riqueza y mano de obra, como es la fruta de hueso, pero los productores no se pueden arriesgar a producir y no poder cosechar”, denuncian desde Unión de Uniones.
“Los españoles no están por la labor”
El empresario Santiago Domínguez cuenta con fincas de patata en las principales zonas productoras de la Península y señala que su principal preocupación es el agua, “pero la segunda es la contratación de trabajadores”.
“Encontrar mano de obra es muy difícil porque se trata de un trabajo duro y los españoles no están por la labor”, señala, “y tampoco abundan las empresas de personal que pongan trabajadores a disposición de las compañías para cubrir sus necesidades”.
Muchas veces el empresario agrícola se convierte en su propia agencia de contratación y debe lidiar con todo tipo de situaciones, como la de aquella persona que quiere trabajar pero, después de comprometerse, cambia de nombre y desaparece porque no tiene los papeles en regla.
“El agricultor que da de alta a los trabajadores solo quiere contratar y pagar lo que haga falta, pero no lo tiene fácil”, recalca.
“Yo todos los años contrato a trabajadores de origen extranjero, pero debo hacer un seguimiento exhaustivo, como si fuera un inspector de trabajo”, lamenta Domínguez, quien reclama “un sistema que nos lo hiciera todo más sencillo”. Una fórmula sería “una regularización de personas inmigrantes; que estuvieran aquí legalmente y que la Administración esté pendiente de ellos para darles facilidades, de modo que el agricultor los pudiera contratar rápidamente y que ellos no deban esconderse, por miedo”.
Tiene buena relación con los trabajadores rumanos, que se mantienen en España gracias a que se van sucediendo los cultivos, por ejemplo con una rotación entre patata y viñedo. Algunos incluso van siguiendo la actividad de la empresa dirigida por Domínguez, con una campaña de la patata que comienza en el sur, continúa en la Comunidad de Madrid y finaliza en Castilla y León. Para muchos de ellos hay que contratar hostales y hoteles como fórmula para el alojamiento. Y existen otros problemas añadidos: “Siempre es más sencillo contratar a personas que vienen de países de la UE, como Polonia, Bulgaria o Rumanía. Pero lo que nos encontramos en los últimos años es que muchos prefieren ir a otros países donde les pagan más”.
“Son personas trabajadoras”
Rubén Bueno gestiona 18 hectáreas de invernadero en las que cultiva fresa, mora, arándano y tomate. No lo hace en Almería o Huelva, sino en la provincia de Salamanca, “donde hay pocos jóvenes y se inclinan por otras opciones” que no son el trabajo en el campo.
Casi el 100% de los contratados este año procede de Mali. “Tenemos un grupo de personas que trabaja con nosotros desde hace 13 o 14 años. Hay un grupo fijo y se renueva en parte gracias a que funcionan bien los contactos personales entre ellos, incluso mediante asociaciones de personas procedentes de aquel país”, señala.
La mayoría de este grupo trabaja prácticamente todo el año en España, ya que cuando acaba el calendario de trabajo en Castilla y León pueden trabajar en otras provincias, como Huelva. Las personas que trae del país africano “son trabajadoras y se adaptan bien a la vida en el pueblo”, recalca.
Una de las prioridades es atender la cuestión del alojamiento. O el viaje desde Mali. “Las administraciones nunca dan facilidades; cuesta mucho tener al día el papeleo, y cuando ya está todo en orden la Administración está todo el día encima. El pasado junio tuve seis inspecciones diferentes”, lamenta.
Cultiva en el suelo y también en hidropónico. “Desde el punto de vista agronómico prefiero cultivar en el suelo, pero también es cierto que la hidroponía es mucho más cómoda para la persona que trabaja, y eso es un aspecto muy importante para nosotros”, recalca.
Contratar en origen
Mario Esteban dirige El Pinar, que extiende sus viveros de frutos rojos por varias provincias de Castilla y León. Señala que la primera opción es siempre contratar a trabajadores de la zona porque todo resulta más sencillo, desde el papeleo hasta el viaje o el alojamiento. A partir de ahí, gran parte de las contrataciones son en origen.
En general el proceso no es tan sencillo como debería. “Algo fundamental es que el personal de las administraciones esté familiarizado con este tipo de contratación, que se conoce muy bien en Andalucía, por ejemplo, mientras en provincias de Castilla y León ha costado que las subdelegaciones del Gobierno se pusieran al día”, recalca.
De las subdelegaciones del Gobierno dependen las autorizaciones de trabajo para los trabajadores extracomunitarios. También son quienes emiten un Número de Identidad de Extranjero (NIE), que necesitan tanto los ciudadanos de la UE como los que llegan de fuera. “Sus funcionarios tienen que ser ágiles, puesto que en ocasiones tienen que tramitar solicitudes para, por ejemplo, 200 personas”, subraya Esteban.
En actividades como la suya la mano de obra es esencial. Por eso ofrece buenas condiciones a los trabajadores. “Nuestra intención es que el trabajador acabe contento para que vuelva al año siguiente, puesto que ha adquirido una experiencia y conoce nuestra forma de trabajar. También es importante que anime a familiares o amigos a venir con ellos”, apunta.
La fórmula del contrato en origen es satisfactoria “porque traemos contingentes de gente mentalizada, que viene a trabajar. Empezamos hace años con trabajadores de Marruecos, continuamos con empleados de Colombia y luego de Senegal”, recuerda.
La clave reside en explicar al trabajador a qué viene a España, en qué consistirá su trabajo, cuál va a ser su entorno… porque va a realizar un viaje muy largo, para mucho tiempo, “y hay que evitar que haya problemas”.
“La inmigración ha salvado al sector”
Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja, apunta que la organización recibe numerosas llamadas de sus asociados ante las dificultades para contratar personal. Ante todo, deja claro que la inmigración “no solo es bienvenida, sino que ha salvado al sector en numerosas ocasiones”.
Este fenómeno se nota especialmente en el sur de España, en comunidades como Extremadura o Andalucía. Hay muchos desempleados y no quieren trabajar en el campo. “Supongo que hay incentivos para que prefieran no trabajar”, señala, “y por eso desde Asaja estamos reclamando al ministerio que se pueda compatibilizar la percepción del subsidio con el trabajo. Es una idea que va en la línea con lo manifestado por el Gobierno recientemente”, recalca.
¿Son malas las condiciones laborales? Para Álvarez, la persona que trabaja en el campo “cobra por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y habitualmente por encima del convenio colectivo, de modo que quien no quiere trabajar puede justificarlo por la dureza del trabajo físico, pero no por las condiciones económicas”.
Recuerda el caso de Extremadura, donde el sector ganadero reclamaba que acudieran esquiladores de Uruguay y ha habido problemas con algunos de ellos, que no han podido viajar a España. “Por este tipo de situaciones es por lo que hemos reclamado al director general de Migraciones que se agilicen los contratos en origen”.
Cuestión aparte reside en los asentamientos de personas que residen en España sin regularizar. “A lo mejor hay que acelerar los trámites y modificar el reglamento de Extranjería para que esas personas puedan trabajar; de este modo nos ahorraríamos los costes que siempre supone la contratación en origen”, recalca.
En la misma dirección apuntan desde Unión de Uniones, para quien “en nuestro país residen cientos de miles de personas en una situación que les impide acceder al trabajo”, por lo que “debería poder habilitarse una regularización extraordinaria, vinculada a una oferta de trabajo, que diese una oportunidad laboral y social a estas personas y aliviase el problema de falta de mano de obra en el sector”.
