Edu Mongil
La controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza va a salir finalmente adelante después de que este jueves el Parlamento Europeo y los representantes de los 27 gobiernos de la Unión Europa hayan consolidado un pacto para su desarrollo.
La normativa va a ser menos ambiciosa en sus objetivos que lo planeado al principio, pero el que va a ser el primer texto europeo para proteger la biodiversidad va a salir adelante después de una ajustada votación. Ahora ya solo queda la certificación final en una próxima votación del Pleno de la Eurocámara.
El texto establece como medida estrella la obligación de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubran al menos el 20% de todas las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea.
La oposición de los partidos conservadores europeos ha puesto en jaque una propuesta que en un principio contó con cierto apoyo, especialmente en el PPE. A ello se ha sumado también la postura contraria de las organizaciones agrarias, que sí que mostraron su rechazo sin fisuras desde la concepción de la propuesta.
Fuertes críticas a la ley por parte del sector
Los detractores de la ley han expresado reiteradamente su preocupación sobre cómo va a afectar la aplicación de la ley al sector primario español. Según ASAJA, los profesionales del campo consideran esta norma como un ataque directo a sus explotaciones, y han estimado que deberán abandonar hasta un 40 % de las superficies protegidas por la Red Natura. En España, la Red ocupa 138.000 kilómetros cuadrados en tierra y 84.300 kilómetros cuadrados en el mar.
Si se aplicase la ley de la forma en la que prevé la asociación agrícola, los agricultores y pescadores perderán hasta 80.000 kilómetros cuadrados de zonas de labor, pero la Comisión Europea matiza estas apreciaciones porque la futura normativa no establece cuotas para cada país, sino que se extenderá todo el territorio de la Unión Europea.
La justificación que ofrecen los agentes europeos para esta ley reside en que, según datos europeos, más del 80% de los hábitats de la UE están en mal estado. Los eurodiputados subrayan, además, que “la restauración del ecosistema es clave para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria”.
Destacan, además, que el proyecto de ley no impone la creación de nuevas áreas protegidas en la UE ni bloquea la nueva infraestructura de energías renovables.
El impacto económico preocupa a los profesionales
Las organizaciones agrarias critican que el proyecto carece de presupuesto, y temen que el ajuste económico tenga que ser soportado por los profesionales del campo.
“No debemos permitir que financiación de la restauración de la naturaleza venga del ya maltrecho fondo de la PAC, sobrecargado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la inflación y los altos costes de materias primas y energía, así como las condiciones climáticas adversas”, critican desde ASAJA.
Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG, también muestra su contrariedad porque la ley “no precisa cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones”. Y añade que “sin agricultores y ganaderos en el medio rural no habrá ley que consiga la restauración de la naturaleza”.
El Parlamento Europeo asegura que, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones para colmar dicha brecha, en particular a través de un instrumento comunitario específico.
Además, la Comisión Europea defiende que la nueva ley traerá importantes beneficios económicos, ya que “cada euro invertido generaría al menos 8 euros de beneficios”.
Esta visión positiva también la comparten asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, ya que consideran que “la restauración de la naturaleza no es simplemente un gasto, sino una inversión estratégica que ha demostrado generar beneficios significativos”, y señalan “numerosos estudios indican que no solo se crean empleos sostenibles, sino que también aporta beneficios indirectos a través de la provisión de servicios ecosistémicos”.
La Organización Internacional del Trabajo publicó una investigación el pasado diciembre en la que se concluye que se podrían crear hasta “20 millones de empleos si se aprovechara más el poder de la naturaleza para abordar los principales desafíos que enfrenta la sociedad, como el cambio climático, el riesgo de desastres y la inseguridad alimentaria e hídrica”.
Las asociaciones agrarias recuerdan que no se oponen a la restauración de la naturaleza, sino que únicamente muestran su rechazo a una ley que consideran “inaplicable” y “fundamentalmente mal preparada” para agricultores y propietarios forestales, según indican desde Asaja.
En aclaración a algunas de estas dudas, el Parlamento Europeo señala que la ley solo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria, y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada.
La Cámara también plantea la posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.
