El mayor problema al que se enfrenta la patata española es no poder emplear los mismos antigerminantes que otros países de la Unión Europea, lo que sitúa al sector en una posición de debilidad.
Yolanda Medina, presidenta de la Organización Interprofesional de la Patata (Oipacyl), señala que agricultores y operadores afrontan la campaña “con las manos atadas”, ya que al no disponer del 1,4 dimetilnaftaleno como alternativa al ya eliminado CIPC “tienen menos herramientas a la hora de planificar arranques y ventas”.
Medina destaca que lo interesante es disponer del mayor número de estos productos, “no porque unos sean mejores que otros, sino porque tienen diferentes comportamientos en función de la temporada o de la variedad de que se trate”.
Hasta el momento han sido varios los gobiernos autonómicos que han pedido al Gobierno central que autorice el 1,4 dimetilnaftaleno, o al menos que adopte una decisión rápida sobre su posible uso. La Junta de Castilla y León ha sido uno de ellos, aunque la han seguido comunidades como Galicia, La Rioja o el País Vasco.
En su opinión, un catálogo más reducido de antigerminantes puede acarrear problemas si, por ejemplo, se concentra la oferta de patata en agosto y no existe la posibilidad de almacenar. Dadas las temperaturas que habitualmente se registran en Castilla y León en ese mes, en muchas ocasiones habría que esperar a arrancar cuando bajaran, lo que puede ser octubre. “Castilla y León necesita ese producto quizá de forma más urgente que otras comunidades, debido a su clima”, recalca.
La presidenta de la Interprofesional de la Patata destaca que este producto lleva dado de alta desde 2017 y es lógico que los diferentes ministerios deban analizarlo, pero es necesario adoptar una decisión de forma ágil para no perjudicar al productor español. “La patata se va a seguir consumiendo en nuestro país y si no podemos vender nuestra producción, vendrá desde el otro lado de los Pirineos”, advierte.