Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos prevé la asistencia de cerca de 1.000 tractores y 100 autobuses procedentes de las distintas comunidades autónomas en la manifestación del miércoles 21 de febrero, que concluirá frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid.
El coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, y los miembros de la comisión ejecutiva, Anastasio Yébenes y Alfredo Berrocal, han indicado que eso son las previsiones iniciales, aunque la cifra final puede ser mucho mayor.
Hasta seis columnas de tractores entrarán en la capital desde diferentes radiales y se darán cita a las 10.30 en la Plaza de la Independencia, para continuar en bloque hasta Atocha.
La organización considera que el paquete de 18 propuestas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado viernes no reflejan un cambio real en la política del Ministerio, ni del Gobierno, que es lo que el campo está reclamando. Muy al contrario, se abordan los problemas de una manera superficial y desde luego, no proporcionado a la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor. Unión de Uniones hace la siguiente valoración de dichas medidas.
MEDIDAS PARA CADENA ALIMENTARIA: PURO MAQUILLAJE
El Ministerio propone crear, mediante Ley una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, la puesta al día de los planos de inspección de oficio, hacer pública de sanciones graves y muy graves acumuladas y pedir a la Comisión Europea una actualización de la directiva de prácticas desleales.
Unión de Uniones ha pedido durante años en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado el aumento de la dotación para recursos materiales y humanos para la AICA en forma de enmiendas que han sido debatidas e indefectiblemente rechazadas por el Grupo Socialista en las Cortes.
La Ley de la Cadena Alimentaria enuncia entre sus objetivos que el precio que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos deben compensar al menos sus costes productivos. Eso no sucede en la realidad porque la Ley no dispone de las herramientas para garantizar que los agricultores y ganaderos puedan repercutir sus costos en el precio de venta de sus productos, uno de los ejes de la Ley y de sus reformas. De hecho, pese a que la ley no se está cumpliendo en ese sentido, no hay sanciones impuestas por AICA por dicho motivo.
En las reformas acometidas en Ley de la Cadena Alimentaria, la organización solicitó una revisión de las sanciones por su incumplimiento -hoy por hoy ridículas y nada desincentivadoras para los grandes infractores- así como atacar las raíces del mal funcionamiento de la cadena incluyendo en la ley la definición de posición de dominó y la prohibición de reventa a pérdidas. Igualmente, estas propuestas se han enfrentado siempre en el trámite parlamentario al rechazo del Gobierno y el principal partido que lo sustenta.
Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio la publicación de los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del costo de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, tal y como está obligado por Ley, con el fin de que los agricultores puedan contar con referencias para negociar sus precios y llegar el caso defenderlos en los tribunales. Sin embargo, el Ministerio ha dado muestras claras de no querer mojarse en este asunto, publicando informes que no son, ni lo que pide la ley, ni lo que necesita el sector.
Hasta hace nada el Ministro se vanagloriaba de que la ley de la cadena alimentaria española era la envida del resto de países europeos. Ahora presenta simplemente darle una mano de pintura a un edificio ruinoso que necesita mucha obra. Puro maquillaje.
MEDIDAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC: POCO Y NADA CONCRETO
El Ministerio propone trasladar a Bruselas propuestas para flexibilizar algunas BCAM, simplificar la carga administrativa de la PAC, poner en marcha más eco-regímenes y hacer voluntario el cuaderno digital de explotación.
De estas medidas no se conoce aún el detalle ni el alcance concretos. En todo caso, la flexibilización de las BCAM sería meramente temporal y la simplificación de la carga administrativa es algo repetido hasta el hastío por las administraciones y siempre acaban yendo en el camino contrario.
El Ministerio no acaba de entender que lo que el campo exige es una reforma sustancial de la configuración de la PAC, que no se pueden exigir al sector que haga un esfuerzo constante y cada vez más intenso sin contraprestación económica y que la arquitectura ecológica de la PAC va en contra de la competitividad de las explotaciones sin contribuir a los objetivos de mejora ambiental, porque está diseñado desde los despachos sin atender la realidad del campo, que es muy diversa.
Por otra parte, Unión de Uniones luchó desde los primeros pasos dados por este PAC para que se orientara hacia los profesionales del sector, cosa que el Ministerio tenía la posibilidad de hacer en el PEPAC y no lo hizo. Consecuencia de ello es que los agricultores y ganaderos que viven principalmente del trabajo en su explotación, se ven afectados por los recortes de la ayuda básica y por la convergencia negativa de los derechos, sin que exista margen financiero para compensarlos.
En cuanto al Cuaderno Digital de Explotación, el Ministerio no aclara si la voluntariedad anunciada alcanzará a todas las explotaciones, ni su extensión en el tiempo, ni las consecuencias para aquellos que se acojan a esa eventual voluntariedad. Unión de Uniones ha reivindicado que en las relaciones entre la administración y los administrados se garantizasen los derechos de los afectados por la brecha digital geográfica y generacional y, finalmente, consiguió que así se contemplase en la Ley de Gestión de la PAC, pero el Ministerio se negó a reconocerlo en los Reales Decretos.
Por otro lado, el cuaderno digital de explotación y las obligaciones que implica supone un coste añadido para las explotaciones y una mayor carga burocrática, particularmente para aquellas de menor dimensión, que deben quedar eximidas del CUE.
MEDIDAS EN CUESTIONES COMERCIALES E IMPORTACIONES: COMPROMISOS SIN CREDIBILIDAD
El Ministerio se compromete a defender en todos los foros el principio de reciprocidad en materia fitosanitaria en las relaciones internacionales, mejorar la coordinación en las aduanas, reorganizar la inspección en frontera en España y establecer tolerancia cero para residuos no regulados por la UE.
Nuestra organización ha remitido escritos repetidos al Ministerio de Agricultura, pero también a la Comisión Europea, denunciando el desvío de mercancías hacía puertos europeos en donde las inspecciones son mas laxas, denuncias que han sido respondidas restándole importancia al asunto y mostrando satisfacción por el funcionamiento de la regulación y los controles sanitarios de productos alimentarios en frontera. En todo caso, el número de inspectores y su grado de especialización para poder garantizar que las mercancías entran sin residuos o sin vectores de enfermedades y plagas, es absolutamente insuficiente en los grandes puertos de entrada españoles y europeos. Con una simple mejora de la coordinación y una reorganización de la inspección no basta.
En cuanto a la defensa del principio de reciprocidad, Unión de Uniones entiende que esto debe materializarse en forma de cláusulas espejo -que el Ministerio no menciona en su comunicado- en los tratados de comercio internacional. Estas cláusulas espejo, además, no deben afectar únicamente a temas fitosanitarios, sino también a asuntos ambientales, de bienestar animal y de condicionalidad social y laboral.
Por otro lado, el compromiso de defensa del principio de reciprocidad hay que demostrarlo con hechos en los Consejos de Ministros de la UE y, en su caso, en la tramitación de los procedimientos de ratificación de acuerdos internacionales en el Parlamento Europeo, votando en contra de todos aquellos tratados y que no respeten dicho principio y no incluyan clausulas espejo y, llegado el caso, haciendo uso del derecho a veto. Esta misma firmeza debe manifestarse igualmente cuando la firma de estos tratados no vaya acompañada de los correspondientes estudios de impacto y de la previsión de medidas compensatorias a los sectores afectados. Esta firmeza por parte del Gobierno español y de los parlamentarios y europarlamentarios del principal partido que lo sustenta, no se mostrado hasta ahora.
SEGUROS AGRARIOS: SIMPLEMENTE NADA
El Ministerio propone financiar los seguros agrarios con 284,5 millones de euros.
Esta financiación ya estaba aprobada desde diciembre pasado. Además, el Ministerio no dice que esta partida en concreto, por su configuración presupuestaria, automáticamente se aumenta mediante créditos extraordinarios para atender a las necesidades que puedan surgir.
Las demandas del campo en materia de seguros agrarios, ni siquiera se centran en un aumento de la financiación -que está comprometido en cualquier caso- sino en que las líneas y modalidades de aseguramiento proporcionen una eficaz protección para las explotaciones, en lugar de revisarse de forma casi sistemática con incrementos del precio de las primas y recortes en las prestaciones. Unión de Uniones denuncia que el Seguro Agrario está siendo desmantelado y está perdiendo su carácter de política de estado y su personalidad como herramienta de garantía de las rentas de los agricultores y ganaderos ante las adversidades.
GASÓLEO PROFESIONAL: NO QUITAR AL SECTOR LO QUE YA TIENE
El Ministerio propone el mantenimiento de la reducción del IEH hasta un tipo de 3,3 céntimos por litro y de las deducciones en el IRPF para 2024 por gasóleo, plásticos y fertilizantes.
En otras palabras, el Ministerio propone no quitarnos lo que ya tenemos y no cobrarnos IRPF por unos ingresos que no hemos tenido.
El Gobierno tiene competencia para rebajar la fiscalidad del gasóleo, tanto en el caso del IEH, donde la directiva europea permitiría rebajar el impuesto al gasóleo agrícola hasta el tipo mínimo de 2,2 céntimos por litro; como en el caso del IVA, para el que las directivas comunitarias permitirían al Estado español aplicar el tipo reducido del 10% en lugar del 21%. Esto último es posible no solo para el gasóleo agrícola, sino para todos los bienes y servicios utilizados en la producción agrícola, ganadera y forestal.
En reiteradas ocasiones Unión de Uniones ha propuesto la modificación de la Ley General del IVA para hacer efectiva esa reducción de IVA para todos los insumos del sector, a través de enmiendas que han sido debatidas en las Cortes y rechazadas siempre por el Gobierno y el principal. partido que lo sustenta.
Por otro lado, un verdadero gasóleo profesional, que es lo que Unión de Uniones reclama, además de estar beneficiado con la fiscalidad mínima posible, ha de instrumentarse mediante un sistema de aplicación de las reducciones en poste y no obligando a la solicitud anual de la devolución del IEH; La devolución que afecta sólo aproximadamente a la mitad del gasóleo usado en el sector, y que desde que se puso en marcha ha reducido en un 40% el número de sus beneficiarios.
RELEVO GENERACIONAL: SOLO HUMO
El Ministerio propone una conferencia sectorial para tratar el asunto y recuerda que la PAC destina 220 millones de euros a este fin.
Esta medida es solo humo. El problema de la falta de relevo generacional en las explotaciones tiene su raíz en las difíciles expectativas económicas que ofrece el sector ante las presiones de todo tipo a las que se haya sometido, en la necesidad de elevadas inversiones para la obtención de bajos rendimientos y hasta pérdidas, en la incertidumbre en la que se trabaja con los cambios constantes en las políticas agrarias, en la ausencia en muchos casos de la valoración social de la mano de obra agraria y en el déficit de servicios e infraestructuras básicas que adolece el medio rural en el que se desarrolla esta actividad.
La misma PAC que destina esos 220 millones de euros es la que con sus cada vez mayores exigencias, ambientales, climáticas, de bienestar animal, de condicionalidad social y hasta éticas, con su carga burocrática creciente y con su distanciamiento de la realidad del sector asfixia. a los agricultores y ganaderos y la misma que corta el paso a las nuevas generaciones, al dificultar su acceso a las tierras ya los derechos.
Cientos de tractores entrarán a Valencia el jueves
Cientos de tractores y más de un millar de personas asistirán este jueves, a las 10:30 horas, a la movilización convocada en el puerto de Valencia por todas las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)– con el apoyo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. También asistirán a la protesta de Valencia agricultores de ASAJA Albacete y de ASAJA Cuenca.
Los tractores entrarán a la ciudad de Valencia a través de tres rutas distintas: por el sur del recinto portuario desde El Palmar; por la avenida del Puerto desde salidas en Carlet, Alzira y Cullera; y por la ronda norte desde Puçol, atravesando numerosas poblaciones de la huerta valenciana. Las tractoradas confluirán en el Edificio del Reloj del puerto de Valencia, donde las entidades convocantes dirigirán sus parlamentos a las personas asistentes y realizarán un lanzamiento de productos agrarios.
En su tercera protesta conjunta en sólo una semana, el sector agrario valenciano reclamará “un giro de las políticas agrarias y medioambientales a la Generalitat Valenciana, al Gobierno español y a la Unión Europea para que tengan en cuenta la opinión de los agricultores y garanticen la preferencia comunitaria, la reciprocidad con las importaciones de países terceros y unos controles eficaces para evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades”.
