“En conjunto, es probable que un cambio climático no gestionado genere una brecha negativa amplia y creciente del PIB potencial con respecto al escenario de referencia”, apuntan los economistas en el estudio.
“Por el contrario, estrategias tempranas, ambiciosas y bien gestionadas de mitigación y adaptación pueden dar lugar a un impulso positivo más gradual a largo plazo, con efectos de arrastre en toda la economía a través de la innovación y la inversión privada en capital”, añaden.
Según este estudio, el cambio climático afecta al PIB potencial a través de los tres factores de la función de producción: capital, trabajo y productividad total de los factores (PTF). Los cambios estructurales en la temperatura, las precipitaciones y la subida del nivel del mar, junto con una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, actúan como un choque negativo de oferta al incrementar la depreciación del capital, reducir la fuerza laboral efectiva y disminuir la productividad.
Por el contrario, las políticas climáticas y las medidas de adaptación reconfiguran la inversión, la asignación del trabajo y los incentivos a la innovación.
El estudio pone de relieve que existe un amplio consenso en que un cambio climático no mitigado reduce el PIB potencial de las economías. Un informe de la OCDE de 2015 (‘Economic Consequences of Climate Change’) estima pérdidas de entre el 1% y el 3,3% del PIB mundial en 2060 y de entre el 2% y el 10% en 2100, bajo un escenario de altas emisiones y adaptación limitada.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, en un informe de 2025, también destaca el impacto negativo de la inacción ante al cambio climático, aunque destaca que existe divergencia en cuanto al alcance de dicho impacto entre los diferentes estudios considerados.
“No obstante, existe una relación estadísticamente significativa entre el aumento de las temperaturas y la evolución del PIB potencial respecto a un escenario de referencia, aunque con una dispersión elevada de estimaciones”, señala el informe de BBVA Research.
Los analistas destacan que la trayectoria del PIB potencial diverge según los escenarios climáticos y de transición que se adopten. Las transiciones más rápidas y coordinadas entre economías implicarían costes moderados y mayores niveles de PIB a largo plazo, sobre todo si se consideran los daños evitados.
“Estrategias tempranas, creíbles y bien diseñadas de mitigación y adaptación pueden compensar parcialmente, y en algunos escenarios superar ligeramente, los daños climáticos a largo plazo”, señala el informe. La OCDE encuentra que las estrategias integradas de clima y crecimiento pueden elevar el PIB del G20 hasta en torno a un 2,8% en 2050, y casi un 5% si se incluyen los daños evitados.
Además, pueden generar ganancias incluso a corto plazo (alrededor del 1% del PIB) cuando las políticas impulsan la inversión verde y reciclan de manera eficiente los ingresos procedentes del carbono. Estos efectos positivos operan a través de una mayor inversión verde, una renovación más rápida del capital, una menor exposición a choques de combustibles fósiles, y los efectos de arrastre de la innovación, incluyendo la atracción de inversión privada y el aumento de la productividad a nivel agregado.
No obstante, apuntan, de acuerdo a la literatura económica, la brecha positiva a largo plazo respecto al escenario de referencia sería menor que la brecha negativa asociada a un cambio climático no gestionado. Además, hay que destacar la asimetría de los impactos negativos entre diferentes áreas económicas, de acuerdo a su situación geográfica y capacidad de adaptación.
“Para los bancos centrales y los responsables de política económica, uno de los principales retos es incorporar los riesgos climáticos y los escenarios de transición en la estimación y previsión del PIB potencial”, apuntan los economistas de BBVA Research.
¿Qué responsabilidad tienen las empresas?
La sostenibilidad ambiental implica gestionar los recursos naturales de forma eficiente y responsable. Las empresas deben integrar criterios medioambientales en sus operaciones para reducir su impacto climático y cumplir con una normativa cada vez más exigente.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) las naciones deben comprometerse a reducir colectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 42 % para 2030 y un 57 % para 2035, con respecto a los niveles actuales. Todo ello para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
El ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos 2.000 años. En este sentido, el que los ciudadanos estén más concienciados y la necesidad de que las empresas incorporen criterios medioambientales responsables para evitar la contaminación, es clave.
¿Qué significa la sostenibilidad ambiental y cómo se aplica en las empresas?
La sostenibilidad ambiental consiste en gestionar de manera eficiente los recursos naturales en la actividad productiva, permitiendo su preservación para las necesidades futuras. Mantener esa sostenibilidad debe lograrse desde el ahorro energético, el ahorro de agua, la no utilización de combustibles fósiles o la reducción de residuos.
Estas son algunas de las acciones para que las empresas contribuyan a la sostenibilidad ambiental:
-Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia. Las empresas pueden alinear su modelo de negocio con los ODS de las Naciones Unidas. Esto supone definir metas, incorporar métricas e indicadores vinculados y reportar avances.
-Realizar debida diligencia ambiental en su cadena de valor. Las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos medioambientales derivados de sus operaciones propias, las de sus filiales y proveedores. Para ello es esencial implantar procesos de evaluación de riesgo ambiental, auditorías de impacto, criterios de selección de proveedores y contar con garantías financieras para responder a daños.
-Reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la huella ambiental. Esto implica la reducción del consumo de energía, hacer uso de la energía renovable, optimizar procesos, minimizar residuos y agua. Para ello es importante que establezcan objetivos de reducción, monitoricen las emisiones de Alcance 1, 2 y 3 e inviertan en eficiencia energética.
-Fomentar la economía circular y el diseño sostenible. Reutilizar, reciclar, optimizar el uso de materiales, así como prolongar la vida útil de productos y servicios.
-Transparencia y reporte de sostenibilidad. Informar sobre los impactos ambientales, los riesgos, la gobernanza y los progresos en sostenibilidad. Es importante publicar informes de sostenibilidad anuales o seguir estándares reconocidos como el TCFD.
-Involucrar a los empleados en sostenibilidad. Integrar la sostenibilidad como cultura empresarial, formar a los empleados y promover iniciativas internas.
-Colaboración con stakeholders y asociaciones para la sostenibilidad Trabajar con proveedores, clientes, comunidades locales, ONG y gobiernos para mejorar impactos ambientales globales. Crear alianzas, participar en iniciativas sectoriales de sostenibilidad o contribuir a políticas públicas es importante.
Beneficios empresariales de la sostenibilidad ambiental
Para las organizaciones empresariales la sostenibilidad ambiental solo tiene ventajas.
Al cumplir las normas medioambientales se evita incurrir en delitos, sanciones, multas o demandas y es más fácil colocarse en una buena posición frente a posibles subvenciones y recursos financieros.
Tomás Arévalo Fernández es doctor en Ciencias Químicas y especialista en Gestión de Riesgos Ambientales con más de 30 años de experiencia en la consultoría estratégica de riesgos: “Desde los años setenta del pasado siglo, en los que se preconizaba el principio de ‘el que contamina paga’ hasta hoy, ese principio se ha quedado obsoleto. En España, surge entonces una nueva normativa, la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, cuyo nuevo principio fundamental es ‘el que contamina paga y, además, remedia’”.
¿Cuáles son las fuerzas que han impulsado este nuevo principio? El experto lo resume así: “Una sociedad cada día más sensible al concepto de sostenibilidad, harta de pagar a medias los desastres provocados por otros (recordemos, por ejemplo, la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en Sevilla) y una administración más responsable que es consciente de que debe vigilar y velar para que las empresas y organismos apliquen las mejores tecnologías disponibles enfocadas a la minimización y eliminación de la contaminación”.
Las empresas disponen de herramientas preventivas que les facilitan cumplir con los requerimientos de la ley. Son herramientas de evaluación cuantitativa de los riesgos ambientales, determinando la probabilidad de contaminar en función de los factores como la manipulación humana o el mantenimiento y valorando la gravedad en términos de impacto económico y social.
Control normativo en las empresas
Es importante que la administración realice una labor de vigilancia y control de la gestión del riesgo. Y junto a ello es necesario completar con la importante labor realizada por las compañías de seguros para cubrir aquellos riesgos accidentales de baja probabilidad y de especial impacto económico y social.
El objeto de la Ley 26/2007 es regular la responsabilidad de los operadores (cualquier persona física o jurídica que realice una actividad económica) a la hora de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de “quien contamina paga”.
El ámbito de aplicación de la ley incluye los daños y las amenazas inminentes a las aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así como a los hábitats.
Según la norma, se deberá disponer de una garantía financiera obligatoria que asegure los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades medioambientales inherentes a la actividad que desarrolla. BBVA, por ejemplo, ofrece un seguro de protección a las empresas para que puedan afrontar posibles imprevistos relacionados con el daño o la alteración del entorno.
Además del papel de las compañías, la concienciación y la educación ambiental es fundamental para que el planeta comience a curarse. Las personas que trabajan en el ámbito de la ciencia tienen un papel imprescindible en estos momentos para despertar conciencias, también en el ámbito industrial.
¿Qué es la sostenibilidad ambiental?
Es la gestión responsable de los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.
Porque permite cumplir con la normativa medioambiental, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la reputación corporativa. Además, las empresas sostenibles atraen inversión y financiación responsable, y contribuyen al desarrollo económico equilibrado.
¿Qué normativa regula la responsabilidad ambiental en España?
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental establece que las empresas deben prevenir, evitar y reparar los daños causados al medioambiente.
¿Qué medidas pueden adoptar las empresas para reducir su impacto?
Reducir emisiones y consumo energético, usar energías renovables, aplicar políticas de reciclaje y economía circular, integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia o formar al personal en sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
¿Qué papel tienen los ciudadanos en la sostenibilidad ambiental?
Los ciudadanos contribuyen con hábitos responsables como el ahorro de energía y agua, el reciclaje y el consumo local. Su compromiso impulsa a las empresas y administraciones a adoptar prácticas más sostenibles.
