Ricardo Ortega
Las amenazas para el regante no proceden de la escasez de agua, sino de la gestión «ideológica» de un recurso que es de todos y que, en el caso de la agricultura, genera desarrollo en el medio rural y permite producir alimentos para abastecer a la población.
El malestar sigue en aumento y lo pone en palabras Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Fenacore, quien destaca alguna paradoja de la relación con la Administración. Por ejemplo, el hecho de que la entidad esté de acuerdo al 99% con el Ministerio de Agricultura, mientras ve el vaso «medio vacío» en relación con el Ministerio para la Transición Ecológica, Miteco.
«Las comunidades de regantes están adscritas a las diferentes confederaciones hidrográficas, de modo que forman parte de un ministerio con el que hay fuertes discrepancias por tener una visión excesivamente ambientalista», subraya.
Para él, la gestión del Miteco «tiene dos objetivos fundamentales, que son satisfacer las necesidades de agua y proteger el medio ambiente, de modo que ambos se deben equilibrar». «No deja de ser curioso que en la segunda mitad del siglo XX se admirara al ingeniero que dirigía obras y dominaba el agua, la naturaleza, mientras que ahora nos hayamos pasado al extremo contrario», recalca.
Por eso defiende que la gestión del agua se debe realizar «sin perder de vista que nadie está en posesión de la verdad». Por eso no comparte las posiciones «del ecologismo radical, que nos considera monstruos a los demás».
Sucede por ejemplo a la hora de determinar el caudal ecológico de un río, «con una ley que ofrece a la confederación hidrográfica muchísimo margen a la hora de fijarlo». ¿La consecuencia? Que después de dos o tres años de sequía «la agricultura española dispone de un 16% menos de agua por culpa de los caudales ecológicos». En opinión de Valero de Palma, además, el regante no tiene por qué ser quien pague por esos caudales ecológicos, «sino que debería hacerlo en conjunto de la sociedad».
«Habría que preguntar al catedrático de Universidad que exige caudales ecológicos elevados si él estaría de acuerdo en que un año le redujeran el suelo a la mitad, porque eso es exactamente lo que le pasa al agricultor», destaca.
«Por lo tanto, quien paga los platos rotos es el regante, que muchas veces tiene una explotación muy pequeña. Basta dividir 3,7 millones de hectáreas regadas entre 7.000 regantes de nuestro país«. En ese sentido, es cierto que la protección del medio ambiente tiene un coste económico, que se debe poner sobre la mesa con transparencia. A partir de ahí, «trabajemos para sacar adelante los proyectos, pero con criterios científicos y sin hacer política».
La apuesta es importante porque hay obras que son muy necesarias y, al menos en el caso de los embalses, su construcción supone un proceso muy lento, que abarca varias legislaturas. Ahora mismo la situación es que el Plan Hidrológico prevé la construcción de 27 embalses, frente a los más de cien que estaban previstos en un principio. «Hemos tardado seis años en decidir que serán solo esos 27, de acuerdo, pero ahora pongámonos manos a la obra y hagamos esas obras», reclama. Parece un objetivo importante, «pero hay que tener en cuenta que en España hay 1.300 embalses«.
Procesos de modernización
El agua subterránea supone el 23% de la empleada en el riego, pero sirve para atender el 30% de la superficie de regadío, lo que demuestra la eficiencia que se ha alcanzado. «Los procesos de modernización son más ágiles y ahí se puede avanzar más deprisa. No hay que olvidar que España tiene más del 80% del regadío modernizado, más de la mitad de él con riego por goteo. Es el regadío más modernizado del mundo», remacha el representante de los regantes.
De hecho, la modernización del regadío coincide al milímetro con la filosofía que inspiró los fondos Next Generation de la UE y por eso Fenacore solicitó que se emplearan para ello. 76 de 96 obras están en macha y deben estar acabadas para agosto de 2026.
¿Deberían volver a convivir en un mismo ministerio agricultura y medio ambiente? Para el presidente de Fenacore, esa experiencia ya se tuvo, y fueron años en los que el agua también cedía ante el medio ambiente. «Por eso sería positivo que la gestión del recurso volviera a depender de un Ministerio de Obras Públicas, como en los tiempos del MOPU, del que dependían las confederaciones hidrográficas y que era un ministerio inversor, acostumbrado a acometer grandes obras», destaca.
Sin alternativas para el agricultor
En la cuenca del Guadalquivir, Aníbal Román preside la comunidad de usuarios de masas de agua subterránea (CUMAS) de Almonte, junto al espacio natural de Doñana. «El problema que tiene el regante de aguas subterráneas es que la Administración quiere recortar dotaciones pero no da alternativas al agricultor», recalca.
«Yo estoy de acuerdo en que recorten si la masa de agua subterránea está dañada, pero el problema es que no se ha controlado el consumo hasta ahora, e incluso en la actualidad se sigue regando ilegalmente», denuncia.
«La solución que se nos da es constituir una comunidad de usuarios, pero se obliga al regante a pagarlo, al mismo tiempo que se le reducen las dotaciones», subraya, y para la gestión de esa comunidad «nos dicen que nos acojamos a un PERTE, pero si eso supone un proceso muy complejo para una entidad que ya está funcionamiento, es fácil imaginar cómo será para una que se encuentra en proceso de constitución». «Por eso sería mucho más efectiva una ayuda directa por parte de la Administración», apunta.
A continuación está la cuestión de gestionar esa comunidad de usuarios, que en teoría corresponde a los regantes. «No solo tenemos que ponernos de acuerdo en la constitución de la CUMA y poner dinero, sino que también debemos organizar el riego y ejercer funciones de policía, por ejemplo para denunciar al que riega de forma ilegal», lamenta. «Somos los primeros interesados en hacer lo que nos reclama la Administración, pero eso requiere un tiempo y una inversión».
Román se desespera ante la paralización de las obras. «En mi zona lleva previsto desde hace ocho años recrecer el embalse de El Agrio, pero no se hace pese a ser una obra vital para la provincia de Sevilla, contemplada en el proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el horizonte 2022-2027″.
Se deja de lado al usuario
Ruperto Mesas, vicepresidente de la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, percibe una constante en la Administración hacia la «protección extrema» del medio ambiente, «en concreto del recurso hídrico, dejando de lado al usuario».
Los problemas del regante no son de ahora, «sino que lleva dos décadas de olvido, sin garantías para el uso de un derecho que la Administración le concede, y además apaleado». «Todo son controles, sanciones y restricciones, y sin que se actualice la normativa para poder gestionar el recurso de acuerdo a los nuevos tiempos. La única actualización que hacen es meter el cuchillo», denuncia.
También lamenta los «reinos de taifas» que suponen las diferentes confederaciones hidrográficas y los distintos gobiernos autonómicos. «Por ejemplo, en el caso del Guadiana se han reducido las dotaciones en un 20% como consecuencia del cambio climático, pero en Extremadura se les ha incrementado la dotación en el mismo porcentaje», señala.
Algo similar sucede, aunque multiplicado, cuando las aguas del Guadiana o el Tajo cruzan la raya con Portugal. «Allí están convirtiendo en regadío cielo y tierra, miles de hectáreas desde hace ya muchos años». Todo ello como consecuencia de que «España hace una interpretación 100% ambientalista de la Directiva Marco del Agua», aprobada como respuesta de la UE a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión del recurso. Las espadas siguen en alto.
