Ricardo Ortega
Son muchos los agricultores que este año se encuentran encajonados entre unos costes de producción disparados y unos precios de venta históricamente bajos. Lo que podía haber sido un año normal, aunque sin grandes producciones, se ha convertido en un agujero negro para un sector que ve peligrar su rentabilidad.
Aunque es muy difícil establecer cuáles son los gastos de producción medios de una explotación, lo cierto es que la guerra en Oriente Medio ha elevado en torno al 30% el precio de la energía y los fertilizantes.
Rubén Bueno, de Villar de Gallimazo (Salamanca), señala que este año cultivar una hectárea de cebada supone para él cerca de 600 euros, “después de haber hecho bien las cosas” y no habiendo escatimado en el abonado. A los precios actuales, con una cebada a 200 euros la tonelada, significa que tiene que sacar 3.000 euros por hectárea solo para cubrir gastos, “y eso que no incluyo mi trabajo como un coste más”.
El problema para este productor es que, en una explotación en la que el año pasado se alcanzaron los 4.000 kilos por hectárea, este año es posible que no se llegue a los 3.000. En su comarca ha sucedido como en otras zonas productoras, con una humedad invernal que impidió que la planta echara raíces, y con un ahijamiento muy escaso.
Su situación es apurada, pero ha tenido la suerte -o la visión- de comprar el fertilizante en enero, antes de que EEUU e Israel atacaran Irán. “Compré el NAC 27 a 350 euros, antes de la subida, pero el agricultor de regadío lo está comprando a 500”, apunta. “Lo tienen peor ellos porque se les duplican los gastos y el precio del maíz, por ejemplo, está muy poco por encima del trigo o la cebada”, señala.
“Un agricultor de la comarca decía el otro día que tiene que sacar 17 toneladas de maíz para no perder”, recalca. De hecho, en la comarca han quedado muchas parcelas de regadío sin sembrar, y algunas se han reconducido hacia el girasol buscando un cultivo poco demandante de insumos.
Estudio de costes
Aunque es difícil establecer una media de coste por hectárea, Unión de Uniones denuncia repuntes de hasta 200 euros en ciertas zonas. La organización los fertilizantes representan el mayor gasto, entre el 20 y el 25%.
El capítulo de labores y maquinaria (que incluye amortización, combustible y mano de obra, propia o subcontratada) se lleva entre el 15 y el 25% de los gastos. Los fitosanitarios suponen el 10 o el 15% y en el capítulo de ‘otros’ habría que incluir la semilla, el arrendamiento de fincas y los seguros.
Simultáneamente, los precios de los cereales han caído, con reducciones que podrían superar el 30% en el trigo duro y que superan el 10% en trigo blando, cebada y maíz en grano.
¿Está el sector del cereal a punto de despeñarse? Para Iván Álvarez, de la consultora Asegrain, la clave de la rentabilidad reside en calcular bien los costes. “Se han publicado muchas medias de gastos, pero son datos que aportan poco; hay muchas diferencias entre unas zonas y otras, y también entre una explotación y otra, porque hay agricultores que tienen la renta en propiedad o arrendada, los hay que están pagando el tractor y los que no, los que contratan personal y los que no…”, señala.
Para él, “por eso es tan difícil hablar en cereal de la Ley de la Cadena Alimentaria”, que prohíbe vender por debajo de los costes de producción.
En cuanto a los precios de venta, “las cotizaciones han bajado algo recientemente en las bolsas internacionales gracias a que se ha corregido algo la sequía en EEUU”, destaca. ¿Qué pasará a medio plazo? Un dato significativo es que los grandes fondos de inversión siguen sin apostar por los mercados de materias primas agrícolas “porque no estamos ante la perspectiva de una subida importante en las cotizaciones”.
De hecho, una situación geopolítica más difícil que apuntara a escasez, y por tanto a una subida de precios internacionales, “sería una situación propicia para que los grandes fondos apostaran por el cereal”. Pero no estamos en esa situación, “sobre todo porque hay stock abundante y se esperan producciones que podemos considerar normales”.
¿Qué hacer?
“Cuando ofrezco conferencias siempre recomiendo al agricultor que venda en dos o tres veces”, recuerda Álvarez. Primero, para conseguir un buen precio medio. Segundo, “porque si no vende contribuye a que haya un stock alto y por lo tanto a que no suban los precios”.
Por no mencionar que, si el agricultor no vende, “el comprador acabará recurriendo a la importación y después será imposible que te compre. Es como si vas a un restaurante y te dicen que vuelvas después, porque la comida estará más cara. Comerás en otro sitio y después no regresarás al primer establecimiento porque ya habrás cubierto tus necesidades”.
Para este año, habrá una producción “normal” si consideramos la media de los últimos cinco años. “España importa una tercera parte del grano que consume, pero este año además el agricultor que no ha vendido se ha puesto una soga al cuello, porque ha contribuido a que no suban los precios y a que aumenten las importaciones: el fabricante de piensos que tenga opción de recurrir a puerto por la proximidad (Valencia, Zaragoza, Andalucía…) lo hará”, advierte.
Coincide el operador Alfonso Palomo, para quien la menor producción de grano que tendrá España este año “vendrá a sumarse a los stocks acumulados en los almacenes, consecuencia de la caída del consumo registrada el año pasado”.
La consecuencia es que la campaña de comercialización “dará comienzo con unos stocks equivalentes a una cosecha media-buena”. “Con estos mimbres, y desgraciadamente, los precios de venta no van a compensar la reducción de renta del agricultor”, recalca.
Dependiendo de las ayudas
La Universidad de Valladolid (UVa) publicó el año pasado un estudio riguroso sobre los costes de producción, aunque solo para Castilla y León. Ya entonces, en un escenario mucho más benigno para el productor, se concluía que, pese a la buena cosecha de 2025, los cerealistas de la región solo obtenían ingresos netos gracias a las ayudas de la PAC.
El informe sobre la cebada mostraba que los costes dependen mucho de la provincia. En Ávila, producir una hectárea costaba 734 euros. Por su parte en Burgos, esa misma hectárea podía llegar a 1.093 euros. La media regional se situaba en 950 euros por hectárea. Un caso especial radica en las explotaciones de siembra directa, algo más económica. Según el estudio, producir cebada con este sistema costaba entre 785 y 1.138 euros por hectárea.
En cuanto al trigo blando, el coste medio se situaba algo por debajo, en los 895 euros por hectárea. Ávila volvía a ser la provincia más barata, con 688 euros, mientras que Burgos volvía a ser la más cara, con 1.034 euros. La media de Castilla y León se situaba en 894 euros.
España, la mayor caída de la UE
La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, Accoe, ha hecho pública una previsión que producciones para España en la que se destaca que será el país de la UE con mayor caída productiva. Con todo, el volumen estimado “se mantiene en parámetros de campaña” media en comparación con el histórico de los últimos años.
El patrón observado este año -exceso hídrico en invierno seguido de estrés térmico e hídrico en las fases críticas de primavera- es coherente con las tendencias del cambio climático y apunta a una mayor volatilidad de los rendimientos de un año a otro.
El documento destaca que Castilla y León registrará caídas del 31% en trigo blando y hasta el 38% en cebada. Andalucía tendrá descensos del 23% en trigo blando y del 21% en cebada como consecuencia del estrés hídrico, mientras que en Castilla-La Mancha habrá caídas del 23% en trigo blando y del 17% en cebada.
Extremadura verá reducidos sus rendimientos un 10% en trigo blando y un 17% en cebada, mientras que Aragón tendrá descensos más moderados, del 10% en trigo blando y del 11% en cebada, según Accoe.
El Gobierno compensa el 70% de la subida
El Gobierno ha aprobado una ayuda de 500 millones de euros destinada a compensar el fuerte incremento de los precios de los fertilizantes. La medida permitirá conceder ayudas directas de hasta 55 euros por hectárea de regadío y 22 euros por hectárea de secano, con un límite máximo de 300 hectáreas por beneficiario.
El régimen estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2026 y cubrirá hasta el 70% de los sobrecostes derivados del encarecimiento de los fertilizantes. La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la medida, que considera “necesaria, adecuada y proporcionada” para proteger a uno de los sectores más expuestos a las tensiones energéticas y geopolíticas actuales.
Los nitrogenados dependen de forma muy intensa del precio del gas natural, por lo que cualquier alteración geopolítica en las cadenas energéticas internacionales termina trasladándose al agricultor, recuerdan desde el ministerio.
