La situación del sector vitícola en España continúa siendo crítica y de momento parece que no hay una solución inmediata. El panorama es sobrecogedor: sobreproducción, continua bajada de precios de la uva y consecuente pérdida de rentabilidad, ya que se han alcanzado unos pecios sensiblemente por debajo de los costes. El sector reclama una solución que minimice la crisis de los viticultores.
Está claro que el arranque es traumático tanto para el viticultor como para la sociedad, pero se lleva haciendo en toda Europa desde hace años. Si el ministerio no está de acuerdo con esta solución, tendrá que resolver el problema a través de otros medios, pero tiene que minimizar esta crisis y aportar soluciones.
Todo el sector y las instituciones debemos estar unidos. Los viticultores llevan cinco campañas muy complicadas en las que han visto cómo su rentabilidad caía más del 35% mientras subían los costes casi un 20% y bajaban en un 15% lo que recibían por sus cosechas. Necesitamos medidas coyunturales y decisiones eficaces para superar la crisis estructural que atraviesa el sector del vino.
Desde el gobierno se deberían imponer alternativas como la cosecha en verde, con el fin de obtener producciones medias y de calidad y la prohibición de nuevas plantaciones, además de unos precios justos para los agricultores. No se puede tratar igual a un pequeño productor que ha mantenido prácticamente constante su producción que a un gran terrateniente que ha incrementado significativamente su superficie cultivada.
Lo que está claro es que la crisis actual es el resultado de una serie de decisiones y políticas que se han tomado a lo largo de los años. Durante la década de 1990, mientras Europa se enfrentaba a excedentes de producción de vino y prohibía nuevas plantaciones, el conjunto de España experimentó un crecimiento significativo en su superficie vitícola.
Este crecimiento fue impulsado en gran medida por productores ajenos a la tradición vitivinícola de la región y por la expansión de viñedos en zonas no tradicionales, lo que ha contribuido a la situación actual.
La propuesta de algunas organizaciones establece un sistema de ayudas al arranque que no esté ligado a la replantación posterior, permitiendo a los agricultores, después de un periodo mínimo de tres años y un máximo de seis, decidir si desean replantar las viñas o no. En caso de no replantar, se propone una compensación económica definitiva.
Además de las ayudas económicas, han propuesto que se suspendan las nuevas autorizaciones de plantación durante los años 2025, 2026 y 2027, con el fin de evitar una nueva expansión que pueda agravar la sobreproducción actual.
La solución es la vendimia en verde, pero con el fin que tiene su verdadero significado y no como se aplica en algunas comunidades, como es reducir la producción de uva, cortando aquellos racimos que no están bien formados o que están demasiado juntos en la cepa.
De esta forma, conseguimos una buena aireación del racimo y con ello una correcta maduración, cuyo principal beneficio es el control del rendimiento de la vid, puesto que se reduce la cantidad de uva que la planta debe desarrollar y madurar.
Esta discusión no es un fenómeno reciente, ya que ha surgido en distintos momentos a lo largo de la historia y en otros países vecinos. Sin embargo, es necesario analizar las circunstancias específicas de la situación actual para comprender la complejidad del asunto y las posibles soluciones.
Las primeras sugerencias en algunas zonas consistían en un plan de arranques voluntarios en terrenos inapropiados, con el fin de equilibrar la producción excesiva sin perjudicar la calidad y el prestigio de los vinos. Por otro lado, los bodegueros proponen una medida más conservadora: el arranque de parte del viñedo plantado en los últimos diez años en zonas no aptas para el cultivo, una propuesta que, sin embargo, parece insuficiente para afrontar el problema de fondo.
Por otro lado se encuentran los bodegueros, que han expresado su desacuerdo con la medida general de arranque de viñedo. Según algunos bodegueros, la solución no pasa por subvencionar de manera generalizada el arranque, sino por buscar mecanismos de flexibilidad que permitan al sector adaptarse a las crisis sin comprometer de manera irreversible el potencial productivo.
Consideran que, aunque pueda haber zonas específicas donde el arranque sea una opción, la clave está en regular de forma más eficiente los rendimientos, en lugar de reducir la superficie cultivada.
Lo que está claro es que España y los viticultores están atravesando una situación de constante incertidumbre a la que hay que poner remedio desde el Ejecutivo y desde gobiernos regionales, con medidas como suspender temporalmente las plantaciones, apostar por las viñas en vaso y su calidad y reducir la producción en espaldera con técnicas como la vendimia en verde.
