La Unió ha denunciado que las grandes empresas turroneras que forman parte de la IGP han roto el diálogo mantenido en los últimos meses, con la mediación de la Conselleria de Agricultura, tras negarse a pagar a los productores un precio que cubra al menos los costes efectivos de producción, tal y como marca la Ley de la Cadena Alimentaria.
Mientras esto sucede, las importaciones de almendra crecen sin parar en la Comunidad Valenciana.
En octubre del pasado año, la Unió Llauradora instó a la Conselleria de Agricultura a trabajar para que los fabricantes de turrón amparados en las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilizaran almendras producidas aquí, ya que este organismo iba a modificar su pliego de condiciones para poder utilizar almendras de cualquier parte del mundo como así se aprobó finalmente.
“No puede ser que una marca que hace referencia a la identificación geográfica protegida de una zona y que se utiliza de promoción del turrón, no apueste de forma clara por el producto más próximo posible a esa la zona demarcada”, afirma La Unió.
El director general de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Javier Benito, recogió el guante lanzado por la organización agraria y se entabló un proceso de negociación con varias reuniones.
Todo parecía encauzado hasta que las empresas turroneras que dominan la IGP rompieron el diálogo tras negarse de forma tajante a introducir en un documento de trabajo un punto en el que se hacía referencia a pagar por la almendra un precio por encima del coste efectivo de producción, una cuestión además que estipula la normativa estatal en materia de funcionamiento y mejora de la cadena alimentaria.
La Unió indica que los grandes turroneros no tenían ninguna voluntad de llegar a un acuerdo y la prueba más evidente es que prefieren la almendra importada frente a la autóctona.
Un informe que acaban de elaborar los servicios técnicos de La Unió, con datos oficiales, corrobora lo anterior al revelar que la Comunidad Valenciana importó de otros países en 2023 un total de 72,13 millones de kilogramos de almendras sin cáscara, lo que supone el tercer año desde que existen datos con un mayor volumen importado y un incremento del 225% sobre 2022.
El pasado año además se importó mucho más barato, con una cantidad media de 3,63 €/kg, lo que supone un descenso del valor del 29% respecto a 2022. Hay que indicar además que el 70% de las importaciones de almendra de España -el total son 103,6 millones de kilos-, vinieron a la Comunidad Valenciana.
La Unió pedirá de nuevo a la Conselleria de Agricultura que excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante y a sus empresas asociadas de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Generalitat, mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en nuestro territorio.
Cabe señalar que los precios que percibieron los productores valencianos de almendra durante la pasada campaña fueron ruinosos por la falta de demanda, fundamentalmente los de nuestra variedad autóctona Marcona.
“Sufrimos precios cada vez más bajos mientras soportamos la competencia desleal de almendra importada de terceros países y los industriales turroneros se aprovechan de una marca de aquí para poner almendra de fuera de la Comunidad Valenciana”, indica La Unió.
