José Ramón Díaz de los Bernardos
Hay debates que en España parecen condenados a no encontrar nunca un punto de encuentro. El trasvase Tajo-Segura es, probablemente, uno de los mejores ejemplos.
Basta con mencionar sus siglas para que aparezcan dos posiciones aparentemente irreconciliables: la de quienes consideran que el agua del Tajo debe permanecer en su cuenca, garantizando su recuperación ambiental y atendiendo primero las necesidades de los territorios por los que discurre, y la de quienes defienden que el agua debe poder trasladarse allí donde existe una necesidad real, donde puede sostener un sistema agrícola de enorme valor añadido y donde millones de personas dependen de un sistema de abastecimiento que ha evolucionado durante décadas alrededor de esa infraestructura.
Desde Castilla-La Mancha resulta difícil contemplar esta cuestión sin entender la reivindicación de la cuenca cedente. Es una realidad que los embalses de Entrepeñas y Buendía forman parte de nuestro territorio, que el río Tajo atraviesa ciudades y municipios castellano-manchegos y que la disponibilidad de agua también condiciona el futuro económico y ambiental de estas comarcas. Sin embargo, tampoco sería serio analizar el problema desde una posición exclusivamente territorial, ignorando lo que el agua trasvasada representa para la Región de Murcia, Alicante y Almería.
En este debate hay razones técnicas, ambientales, jurídicas, económicas y sociales a ambos lados. Algunas son incluso perfectamente compatibles. El problema aparece cuando se pretende convertir una cuestión compleja de planificación hidrológica en una disputa en la que necesariamente debe ganar una comunidad autónoma y perder otra.
Quizá convenga empezar por una idea que debería presidir cualquier análisis: el agua no entiende de fronteras administrativas, pero la gestión del agua sí debe respetar los límites físicos, ambientales y jurídicos de cada cuenca. Y precisamente ahí se encuentra la dificultad del trasvase Tajo-Segura.
¿QUÉ ES REALMENTE UN TRASVASE Y QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EN LA GESTIÓN DEL AGUA?
Antes de entrar en el conflicto concreto del Tajo-Segura, conviene detenerse en qué significa un trasvase desde el punto de vista técnico. Un trasvase es una transferencia artificial de recursos hídricos entre dos sistemas pertenecientes a diferentes cuencas hidrográficas.
Mediante una infraestructura de captación, regulación, conducción y distribución, se transporta agua desde una cuenca de origen, denominada habitualmente cedente, hasta otra cuenca receptora. Su finalidad es redistribuir territorialmente un recurso cuya disponibilidad natural no coincide necesariamente con la distribución de la población, las actividades económicas y las necesidades de consumo.
La explicación parece sencilla, pero detrás existe una realidad hidrológica mucho más compleja. El agua no se encuentra distribuida de manera uniforme. Las precipitaciones, la escorrentía, la infiltración, la evapotranspiración y la capacidad de almacenamiento presentan diferencias importantes entre territorios. Hay zonas con precipitaciones relativamente abundantes y otras donde las lluvias son escasas, irregulares y concentradas en determinados episodios.
En España esta desigualdad resulta especialmente evidente. La España húmeda del norte presenta unas condiciones hidrológicas muy diferentes a las del sureste peninsular, donde la irregularidad de las precipitaciones, las temperaturas elevadas y la elevada demanda evaporativa condicionan profundamente la disponibilidad de recursos.
En términos agronómicos, esta situación es determinante. La disponibilidad de agua no solo condiciona la superficie que puede ponerse en producción, sino también el tipo de cultivos, los rendimientos, la estabilidad de las cosechas, las inversiones que puede asumir un agricultor y la capacidad de una comarca para mantener su actividad económica.
De ahí que los trasvases hayan sido considerados históricamente una herramienta de planificación territorial y de regulación de los recursos.
Cualquier decisión de trasvasar debería responder a una pregunta previa: ¿qué cantidad de agua puede transferirse sin comprometer las necesidades ambientales y socioeconómicas de la cuenca de origen, teniendo en cuenta también su evolución futura? Aquí aparece uno de los conceptos más discutidos de toda la política hidráulica española: el excedente trasvasable.
Cuando se habla de excedentes no se está hablando necesariamente de agua que sobra físicamente en un embalse o que está a punto de desembalsarse al mar. Se trata de un concepto técnico y jurídico que debe calcularse teniendo en cuenta las aportaciones, las reservas, las demandas propias, las restricciones ambientales, las necesidades futuras y las normas de explotación.
Un embalse lleno no significa automáticamente que toda el agua almacenada pueda trasladarse. Tampoco una situación de escasez en una cuenca receptora implica que cualquier volumen solicitado deba ser autorizado. La planificación hidrológica debe analizar el conjunto del sistema y no únicamente la fotografía de un embalse en una fecha determinada.
Los trasvases: ventajas y riesgos
Desde una perspectiva general, los trasvases pueden aportar ventajas importantes. Permiten mejorar la garantía de abastecimiento de territorios con recursos naturales insuficientes, atender necesidades agrícolas e industriales, reducir determinadas situaciones de vulnerabilidad frente a las sequías y facilitar una distribución territorial del agua más acorde con las necesidades de la población.
Pero también presentan riesgos que no pueden ignorarse. Generan una presión adicional sobre la cuenca cedente, requieren grandes infraestructuras y pueden provocar una dependencia estructural en la cuenca receptora, especialmente cuando el desarrollo agrícola y urbanístico se apoya en unos volúmenes de agua cuya disponibilidad depende de las condiciones hidrológicas de otro territorio.
Existe, además, otro riesgo menos evidente: que la existencia de un trasvase termine convirtiéndose en una justificación para incrementar indefinidamente la demanda de agua en la cuenca receptora.
Una infraestructura puede proporcionar seguridad, pero no debería servir para construir un modelo económico que necesite permanentemente más recursos de los que el sistema puede garantizar.
En definitiva, un trasvase puede ser una herramienta útil, pero no constituye por sí solo una política del agua. Debe formar parte de una planificación integrada, con límites, controles, inversiones complementarias y mecanismos de adaptación a las sequías y al cambio climático.
EL TAJO-SEGURA: UNA INFRAESTRUCTURA QUE CAMBIÓ LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL AGUA EN ESPAÑA
El trasvase Tajo-Segura es probablemente la infraestructura hidráulica más representativa de la política de transferencias entre cuencas en España.
Su planteamiento inicial apareció en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. Décadas después, el proyecto fue retomado en el anteproyecto de aprovechamiento conjunto de los recursos del centro y sureste peninsular de 1967. Las obras se desarrollaron posteriormente y el acueducto comenzó a funcionar en 1979.
La infraestructura conecta la cabecera del Tajo, regulada fundamentalmente por los embalses de Entrepeñas y Buendía, con la cuenca del Segura. Durante su recorrido atraviesa territorios de las cuencas del Guadiana y del Júcar y utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito.
El objetivo fue aprovechar parte de los recursos regulados en la cabecera del Tajo para atender necesidades de abastecimiento y regadío en el sureste peninsular.
La legislación contempla un máximo de 600 hectómetros cúbicos anuales para el Segura y, adicionalmente, hasta 50 hectómetros cúbicos para el Guadiana, destinados a las necesidades contempladas en su planificación. Por tanto, el límite conjunto es de 650 hectómetros cúbicos por año hidrológico.
Es importante detenerse en esto: el máximo legal no significa que todos los años se puedan trasvasar 600 hectómetros cúbicos al Segura. La cantidad autorizada depende de las condiciones hidrológicas, de las existencias en Entrepeñas y Buendía y de las reglas de explotación vigentes.
El sistema funciona mediante cuatro niveles, que regulan las cantidades que pueden autorizarse en función de las reservas y las aportaciones de la cabecera. En el nivel 1 se pueden autorizar hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales; en el nivel 2, hasta 27; en el nivel 3, correspondiente a una situación hidrológica excepcional, hasta 20 mediante decisión motivada; y en el nivel 4, cuando las existencias conjuntas descienden por debajo de 400 hectómetros cúbicos, no se puede autorizar ningún trasvase.
Este sistema fue modificado mediante el Real Decreto 638/2021, que redujo la cantidad mensual correspondiente al nivel 2 de 38 a 27 hectómetros cúbicos y modificó los parámetros de explotación.
Desde su puesta en funcionamiento, el Tajo-Segura ha contribuido a configurar un modelo productivo que ha adquirido una enorme relevancia en el sureste español. Ha permitido sostener regadíos, abastecimientos, cooperativas, industrias agroalimentarias, centrales hortofrutícolas y empresas de transporte y comercialización.
Pero también ha generado un debate permanente en la cuenca de origen, especialmente en Castilla-La Mancha, donde los municipios ribereños y las organizaciones defensoras del Tajo llevan décadas reclamando una gestión que garantice la recuperación ambiental del río y un mayor protagonismo económico de los territorios que soportan los embalses y las infraestructuras asociadas.
La infraestructura, por tanto, no es solamente una obra hidráulica. Es también un elemento económico, social y territorial que ha condicionado el desarrollo de dos grandes espacios geográficos.
LOS ARGUMENTOS DE CASTILLA-LA MANCHA Y LOS DEL SURESTE
Para comprender realmente el conflicto hay que escuchar las dos partes. No basta con conocer los argumentos propios y descalificar los del otro territorio. Cada uno contempla el problema desde una realidad hídrica, económica y social diferente.
Castilla-La Mancha: defender el Tajo y garantizar el futuro de la cuenca
La posición de Castilla-La Mancha parte de una premisa fundamental: el agua del Tajo debe atender prioritariamente las necesidades ambientales, sociales y económicas de su propia cuenca antes de determinar qué recursos pueden transferirse a otros territorios.
Su principal argumento es la necesidad de recuperar la funcionalidad ecológica del río. El Tajo no puede entenderse únicamente como una infraestructura de almacenamiento y distribución de agua, sino como un ecosistema que necesita unos caudales ecológicos suficientes para mantener sus procesos naturales, su biodiversidad y la calidad de sus masas de agua.
A esta reivindicación se suma la prioridad de la cuenca cedente. Castilla-La Mancha también necesita recursos para abastecimiento, agricultura, ganadería, industria y desarrollo económico. Los territorios de Entrepeñas y Buendía reclaman, además, que las infraestructuras que soportan se traduzcan en oportunidades, inversiones y beneficios para sus poblaciones.
Otro argumento importante es la adaptación al cambio climático. Las variaciones en las precipitaciones, el incremento de las temperaturas y la mayor evapotranspiración pueden condicionar las aportaciones futuras del Tajo. Por ello, no parece razonable mantener expectativas de transferencia basadas exclusivamente en disponibilidades históricas.
Por último, Castilla-La Mancha reclama transparencia sobre los excedentes trasvasables y que cualquier transferencia se calcule después de atender las demandas propias y las restricciones ambientales de la cuenca.
En definitiva, su posición defiende que el trasvase no puede convertirse en un derecho ilimitado sobre los recursos del Tajo. La solidaridad entre territorios debe existir, pero sin comprometer la recuperación del río ni las posibilidades de desarrollo de la cuenca cedente.
Murcia, Alicante y Almería: defender el agua como garantía de actividad
La postura de los territorios receptores parte de otra realidad: el sureste español presenta una escasez estructural de recursos hídricos y el trasvase Tajo-Segura se ha convertido en una infraestructura fundamental para garantizar el abastecimiento y mantener su modelo productivo.
Su principal argumento es la falta de recursos naturales suficientes para atender todas sus necesidades. La irregularidad de las precipitaciones, la elevada evapotranspiración y las condiciones climáticas hacen que el agua sea un factor limitante para la agricultura y el abastecimiento.
Durante décadas, el trasvase ha contribuido a consolidar una estructura agrícola y agroalimentaria de enorme importancia, basada en explotaciones, cultivos permanentes, cooperativas, centrales hortofrutícolas, empresas comercializadoras y empleo. Una reducción significativa de los recursos puede afectar a inversiones, producciones y puestos de trabajo.
Además, el trasvase no abastece exclusivamente a la agricultura. También contribuye al suministro urbano de numerosos municipios, por lo que su importancia trasciende los intereses del sector agrario.
Los regantes defienden asimismo el esfuerzo realizado en modernización y eficiencia hídrica, con sistemas de riego localizado, automatización y agricultura de precisión. Consideran que las inversiones realizadas demuestran un compromiso con el aprovechamiento responsable del recurso.
Por último, sostienen que la desalación y la reutilización son alternativas necesarias, pero no sustituyen automáticamente todos los volúmenes trasvasados. Sus costes energéticos, económicos y de distribución condicionan especialmente su utilización en determinados cultivos.
También reclaman seguridad jurídica y previsibilidad, porque un agricultor que ha realizado inversiones a largo plazo, especialmente en cultivos permanentes, necesita conocer con cierta estabilidad la disponibilidad de agua.
En definitiva, Murcia, Alicante y Almería defienden que el trasvase es una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento, mantener la actividad agrícola y proteger una estructura económica consolidada. Consideran que cualquier modificación debe tener en cuenta las consecuencias sobre las explotaciones, el empleo y la competitividad del sector agroalimentario.
¿QUÉ DICE LA CIENCIA Y QUÉ DICE LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS?
Llegados a este punto, conviene separar dos cuestiones que con frecuencia se mezclan en el debate: la necesidad de mantener un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y la cantidad de agua que puede transferirse al Segura. Los caudales ecológicos tienen una finalidad propia: garantizar las condiciones necesarias para conservar o recuperar los ecosistemas fluviales.
No son una demanda agrícola, urbana o industrial. Tampoco constituyen un volumen de agua que pueda considerarse disponible para cualquier otro uso cuando existe presión económica. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que los caudales ecológicos deben incorporarse a los planes hidrológicos con carácter vinculante y que funcionan como una restricción previa a los aprovechamientos del sistema, con la salvedad legal del abastecimiento a poblaciones.
La sentencia 596/2026, de 13 de mayo, volvió a tener relevancia en este debate al desestimar el recurso presentado por SCRATS contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023. Esto no significa que el Tribunal haya establecido un volumen anual fijo que deba dejar de trasvasarse. Significa que la planificación del Tajo debe respetar el régimen ambiental aprobado y que los recursos susceptibles de aprovechamiento tienen que calcularse después de considerar esas restricciones.
La existencia de caudales ecológicos no supone automáticamente la desaparición del trasvase. Pero tampoco puede defenderse que los caudales ecológicos deban adaptarse siempre a las necesidades de transferencia. La cuestión es determinar qué recursos quedan disponibles una vez cumplidas las obligaciones ambientales y atendidas las prioridades de la cuenca cedente.
Desde el punto de vista hidrológico, además, debe evitarse otro error: considerar que el estado ecológico del Tajo depende exclusivamente del trasvase. El río está sometido a múltiples presiones, entre ellas la regulación mediante embalses, las alteraciones morfológicas, los vertidos y las extracciones. El trasvase forma parte de las presiones que deben analizarse, pero no explica por sí solo todos los problemas ambientales del conjunto de la cuenca. Una política rigurosa debe identificar cada presión y actuar sobre ella.
¿CUÁNDO SE PUEDE DECIR QUE SOBRA AGUA EN UNA CUENCA?
Quizá esta sea la pregunta más importante de todo el conflicto. Cuando se defiende el Tajo-Segura, suele utilizarse la expresión «trasvasar los excedentes». Cuando se cuestiona el trasvase, se argumenta que la cuenca del Tajo no dispone de excedentes suficientes para garantizar determinadas transferencias sin perjudicar su propia recuperación. Ambas afirmaciones obligan a realizar un balance hídrico riguroso.
Para determinar los recursos disponibles en una cuenca no basta con consultar el volumen embalsado en un momento concreto. Hay que analizar las aportaciones históricas, las previsiones futuras, las demandas existentes, los desembalses necesarios, las reservas estratégicas, los caudales ecológicos y las necesidades de abastecimiento. Además, hay que diferenciar entre recursos naturales, recursos regulados, recursos asignados y recursos efectivamente consumidos. No todo el agua que entra en un embalse puede convertirse en un recurso transferible. Tampoco todo el volumen autorizado termina necesariamente llegando al destino en el mismo periodo.
La planificación debe utilizar balances que contemplen diferentes escenarios hidrológicos, especialmente los de sequía prolongada. Desde esta perspectiva, el concepto de excedente no debería convertirse en un argumento político utilizado para justificar cualquier volumen de transferencia o cualquier reducción. Debe ser un resultado técnico de la planificación, basado en datos transparentes, metodologías verificables y criterios jurídicos claros. Y aquí es donde España necesita mejorar.
La ciudadanía debería poder conocer con facilidad qué volumen existe en cada sistema, qué parte está comprometida, qué parte responde a restricciones ambientales, qué necesidades están cubiertas y qué cantidad puede transferirse sin comprometer la seguridad hídrica de la cuenca cedente. Sin esa transparencia, el debate seguirá alimentándose de cifras parciales y comparaciones interesadas.
UNA INFRAESTRUCTURA CONDICIONADA POR LA HIDROLOGÍA
El debate sobre el trasvase no es únicamente teórico. La situación de la infraestructura y las decisiones de explotación continúan condicionando el suministro.
A 3 de noviembre de 2026, la Comisión Central de Explotación había autorizado, el 27 de octubre, un volumen de 54 hectómetros cúbicos para octubre y noviembre del año hidrológico 2026-2027, a razón de 27 hectómetros cúbicos mensuales. Sin embargo, esos volúmenes estaban pendientes de comenzar a enviarse debido a dos importantes averías detectadas en septiembre en los tramos de La Bujeda y Liétor, que obligaron a suspender el servicio del canal.
El Ministerio para la Transición Ecológica declaró de emergencia las reparaciones, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. La previsión comunicada el 27 de octubre situaba la finalización de las obras en torno a mediados de febrero de 2027, si las condiciones permitían cumplir los plazos. También se había planteado una puesta en servicio provisional y parcial hasta el 31 de diciembre de 2026, priorizando el abastecimiento.
En cuanto a la situación hidrológica, los embalses de cabecera disponían de 1.178,9 hectómetros cúbicos efectivos a 1 de octubre, volumen correspondiente al nivel 2 de las reglas de explotación. Además, durante el año hidrológico 2025-2026 se habían autorizado 522 hectómetros cúbicos, de los que se habían trasvasado efectivamente 424,1 hectómetros cúbicos a fecha de 27 de octubre.
Estos datos ilustran algo importante: el funcionamiento del Tajo-Segura depende de varios factores simultáneos. No basta con que exista una autorización administrativa. También se necesita disponibilidad hidrológica y capacidad física para transportar el agua.
La seguridad de una infraestructura estratégica exige inversiones de mantenimiento, modernización y adaptación. Un sistema que pretende garantizar abastecimientos y sostener una actividad económica de gran dimensión no puede depender de una infraestructura cuyo funcionamiento se vea comprometido por problemas estructurales.
¿TIENEN RAZÓN LAS DOS PARTES?
Después de analizar los argumentos, considero que la respuesta más razonable es reconocer que las dos posiciones tienen fundamentos legítimos.
Castilla-La Mancha tiene razón cuando reclama que el Tajo debe recuperar su funcionalidad ambiental, que los caudales ecológicos deben respetarse y que la cuenca cedente no puede quedar subordinada permanentemente a las necesidades de otra región. También tiene razón cuando exige que los municipios ribereños y los territorios que soportan las infraestructuras hidráulicas participen de manera más efectiva en los beneficios del sistema.
Por su parte, Murcia, Alicante y Almería tienen razón cuando explican que el trasvase sostiene una actividad agrícola y agroalimentaria de gran importancia, que existe una dependencia real de determinados abastecimientos y que la sustitución de los recursos trasvasados no puede hacerse de manera inmediata ni sin consecuencias económicas. También tienen razón cuando reclaman previsibilidad. La agricultura necesita planificación, especialmente en cultivos permanentes, y no puede vivir sometida a una incertidumbre absoluta sobre la disponibilidad de agua. Pero reconocer que ambas partes tienen razón no significa que todas sus reivindicaciones sean igualmente sostenibles.
La cuenca receptora no puede defender un derecho permanente a recibir unos volúmenes determinados independientemente de la evolución hidrológica y ambiental del Tajo. La existencia de una infraestructura histórica no puede convertirse en una garantía ilimitada sobre un recurso natural que también necesita la cuenca de origen. Del mismo modo, tampoco parece razonable plantear una reducción drástica de los recursos trasvasados sin analizar previamente las necesidades de abastecimiento, los efectos sobre el empleo, el futuro de las explotaciones y la disponibilidad real de alternativas. La solución no puede consistir en negar las necesidades de uno para reconocer las del otro.
HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA
En mi opinión, España necesita avanzar hacia una política hidráulica que deje de tratar el Tajo-Segura como una batalla entre comunidades autónomas y empiece a abordarlo como un problema de planificación nacional.
Esto exige actuar en varios frentes. En primer lugar, garantizar la recuperación ambiental del Tajo. La cuenca debe disponer de un régimen de caudales ecológicos efectivo, basado en criterios científicos y respetado por todos los usuarios. No puede plantearse una política de transferencias que ignore las obligaciones ambientales.
En segundo lugar, mantener reglas claras y previsibles para el trasvase. Las decisiones deben basarse en criterios objetivos, transparentes y adaptados a las condiciones hidrológicas. La seguridad jurídica es fundamental tanto para la cuenca cedente como para la receptora.
En tercer lugar, acelerar las alternativas en la cuenca receptora. La desalación, la reutilización y la modernización de regadíos deben continuar desarrollándose. El objetivo debería ser construir un sistema más diversificado y resiliente que reduzca su vulnerabilidad frente a las restricciones del trasvase, sin presentar estas alternativas como soluciones ilimitadas ni económicamente neutras.
En cuarto lugar, proteger al agricultor durante cualquier transición. Una modificación relevante del sistema debe incorporar un análisis de impacto sobre las explotaciones, inversiones, cultivos y empleo. No es razonable exigir al agricultor que asuma individualmente el coste de decisiones adoptadas en el ámbito de la planificación nacional.
Y, finalmente, reconocer el valor territorial de la cuenca cedente. Castilla-La Mancha debe dejar de ser considerada exclusivamente como un territorio de origen del agua. Los municipios ribereños necesitan inversiones, actividad económica y oportunidades de desarrollo. La solidaridad territorial no puede consistir únicamente en aportar recursos.
Todo ello requiere una planificación nacional basada en datos compartidos, coordinación entre las confederaciones hidrográficas, el Ministerio, las comunidades autónomas y los usuarios. El agua necesita planificación a largo plazo y no puede gestionarse únicamente en función del calendario político o de la presión territorial de cada momento.
EL AGUA NO DEBERÍA ENFRENTAR A QUIENES VIVEN DE ELLA
Hay una reflexión final que me parece especialmente importante. En España hablamos constantemente de la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, mantener la actividad agraria, proteger los ecosistemas y luchar contra la despoblación rural. Sin embargo, a la hora de gestionar el agua, parece que todos estos objetivos se convierten en argumentos enfrentados.
El agricultor de Murcia que necesita agua para mantener una plantación no es enemigo del agricultor de Castilla-La Mancha que reclama recursos para desarrollar su explotación. El municipio ribereño que quiere recuperar la vida de sus embalses no es enemigo del trabajador de una central hortofrutícola del sureste que depende de la actividad agrícola. Y el respeto al río Tajo no debería interpretarse como una amenaza para la agricultura, del mismo modo que la defensa de la agricultura del Segura no debería utilizarse para justificar una explotación insostenible de la cuenca cedente.
Necesitamos superar esa visión. El agua es un recurso estratégico, pero también un recurso limitado. Su gestión requiere conocimiento técnico, planificación, responsabilidad y capacidad para reconocer que los intereses legítimos de un territorio no pueden anular automáticamente los de otro. El trasvase Tajo-Segura ha demostrado que es posible conectar territorios y sostener actividades económicas de enorme importancia. Pero también ha demostrado que una infraestructura de esta dimensión necesita adaptarse a las condiciones ambientales, sociales y climáticas de cada época.
No podemos seguir gestionando el agua del siglo XXI con una mentalidad basada exclusivamente en los aprovechamientos y las previsiones de hace medio siglo. Tampoco podemos ignorar que durante esas décadas se han construido explotaciones, empresas, redes de abastecimiento y miles de puestos de trabajo alrededor de ese sistema. La solución exige responsabilidad por ambas partes.
Desde Castilla-La Mancha debemos defender que el Tajo tenga vida, que sus caudales ecológicos se respeten y que nuestras comarcas puedan beneficiarse de sus propios recursos. Pero también debemos entender la realidad agrícola y social del sureste.
Desde Murcia, Alicante y Almería debe defenderse el futuro de sus explotaciones y de su estructura agroalimentaria, pero también asumir que los recursos trasvasados están condicionados por la disponibilidad real de la cuenca de origen y por unas obligaciones ambientales que no son negociables a voluntad.
Quizá el verdadero debate no debería ser cuánto agua consigue quitarle una cuenca a la otra, sino cómo conseguimos que ninguna tenga que renunciar a su futuro para que la otra pueda mantener el suyo.
Porque el agua debe servir para generar vida, producir alimentos, sostener pueblos, garantizar abastecimientos y conservar los ecosistemas. Y una política hidráulica verdaderamente nacional será aquella que consiga compatibilizar todos esos objetivos sin convertir la escasez en una guerra permanente entre territorios.
