José Ramón Díaz de los Bernardos
En los últimos meses, hablar de ganadería parece haberse convertido en un ejercicio de controversia. Las granjas, especialmente las explotaciones porcinas de mayor capacidad, las denominadas macrogranjas y, más recientemente, las plantas de biogás y biometano han pasado a ocupar buena parte de la conversación pública en numerosos municipios.
Manifestaciones, plataformas vecinales, plenos municipales, alegaciones, proyectos paralizados y enfrentamientos entre promotores y ciudadanos dibujan un escenario que merece una reflexión mucho más profunda de la que habitualmente encontramos en los titulares.
Conviene empezar por algo fundamental: no podemos abordar este debate desde los extremos. Ni todo proyecto ganadero representa una amenaza para nuestros pueblos, ni toda inversión presentada bajo el paraguas de la economía circular es automáticamente sostenible.
Tampoco podemos ignorar las preocupaciones de los vecinos ni convertir cualquier oposición ciudadana en un ataque al sector primario.
El campo necesita actividad económica, inversión y oportunidades. Pero también necesita planificación, responsabilidad y sentido común.
Ganadería sí, pero con conocimiento del territorio
La actividad pecuaria genera empleo directo e indirecto, demanda materias primas agrícolas, sostiene cooperativas, empresas de alimentación animal, veterinarios, transportistas, talleres, industrias cárnicas y numerosos servicios asociados.
Detrás de una explotación ganadera hay mucho más que animales y unas instalaciones. Hay inversiones, puestos de trabajo, agricultores que producen cereales y forrajes, profesionales que prestan servicios y familias que dependen de una actividad económica que contribuye a mantener vivos nuestros pueblos.
Por eso preocupa especialmente que, en ocasiones, el debate se esté simplificando hasta el punto de presentar la ganadería como un problema en sí mismo. No podemos permitir que se demonice a quienes producen alimentos, ni que se meta en el mismo saco a todas las explotaciones, independientemente de su dimensión, sistema productivo, manejo o integración en el territorio.
No es lo mismo una explotación familiar que lleva décadas trabajando en una comarca que un proyecto de enorme capacidad productiva promovido por un grupo empresarial con una implantación territorial muy diferente. No son iguales las necesidades de gestión de una explotación extensiva que las de un sistema intensivo. Tampoco lo son sus impactos, sus oportunidades y sus condicionantes.
Ahora bien, defender la ganadería no significa defender cualquier modelo de crecimiento. El desarrollo ganadero debe estar condicionado por la capacidad real del territorio para soportarlo. La disponibilidad de agua, la gestión de los estiércoles y purines, la superficie agraria disponible, la concentración de animales, la proximidad a los núcleos urbanos y la capacidad de gestión de los residuos tienen que formar parte de cualquier decisión.
No podemos autorizar nuevas instalaciones sin preguntarnos si existe capacidad suficiente para gestionar todo lo que generan. La actividad ganadera debe ser compatible con el entorno en el que se desarrolla, y esa compatibilidad no se consigue únicamente presentando un proyecto y cumpliendo un expediente administrativo. Se consigue con una planificación rigurosa y un seguimiento permanente.
Los vecinos no son el enemigo
Las quejas de los vecinos no pueden despacharse con el argumento de que están en contra del progreso o de la actividad económica.
Quienes viven en un municipio rural tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar de su entorno, de su agua, de su tranquilidad y de una calidad de vida adecuada que cualquier ciudadano de una gran ciudad.
Los problemas de olores procedentes de determinadas explotaciones, la circulación continua de vehículos pesados, la preocupación por los acuíferos, la gestión de los purines y la concentración de actividades industriales alrededor de determinadas localidades son cuestiones que merecen atención y respuestas técnicas.
No se puede pedir a un agricultor que entienda las dificultades de una explotación ganadera y, al mismo tiempo, exigir a un vecino que asuma sin más las molestias que puedan derivarse de una instalación próxima a su vivienda.
El medio rural no puede convertirse en un espacio donde todo aquello que resulta incómodo para las grandes ciudades encuentre su ubicación por el simple hecho de que aquí haya más suelo disponible y menos densidad de población.
Nuestros pueblos no son territorios de segunda categoría. Son lugares donde las personas viven, trabajan, forman familias y construyen su futuro.
Pero también conviene recordar que un pueblo sin actividad económica tiene muy complicado garantizar ese futuro. Necesitamos explotaciones, empresas, industria agroalimentaria, cooperativas y proyectos capaces de generar empleo. La cuestión no es elegir entre actividad económica y calidad de vida, sino conseguir que ambas puedan convivir.
El biometano: una oportunidad que no puede convertirse en un problema
Si existe una cuestión que ha elevado todavía más la temperatura de este debate es la proliferación de proyectos de plantas de biogás y biometano.
Comunidades como Castilla-La Mancha se han convertido en los territorios protagonistas de esta expansión. Los estudios sobre los expedientes presentados identifican más de setenta proyectos de biogás y biometano en diferentes fases de tramitación, mientras que las plataformas ciudadanas han multiplicado sus movilizaciones en distintas provincias.
Y aquí creo que debemos detenernos. Desde el punto de vista tecnológico, el biometano representa una oportunidad importante. La digestión anaerobia permite transformar residuos orgánicos en biogás, que posteriormente puede depurarse para obtener biometano, un combustible renovable que puede inyectarse en la red gasista.
Hablamos de aprovechar recursos que ya existen en el territorio: purines, estiércoles, subproductos agroindustriales, residuos vegetales y otros materiales orgánicos. Convertir un problema de gestión en un recurso energético y agronómico es, sobre el papel, una propuesta interesante.
El territorio dispone de una importante actividad agrícola y ganadera que genera grandes cantidades de materia orgánica susceptible de aprovechamiento. Sería absurdo renunciar a estudiar tecnologías que pueden contribuir a mejorar la gestión de esos residuos y diversificar las oportunidades económicas del sector.
Pero una cosa es el potencial tecnológico del biometano y otra muy diferente el modelo territorial que estamos diseñando para implantarlo. El biometano no hace desaparecer los residuos por arte de magia. Los transforma. Y precisamente por eso hay que explicar muy bien qué entra en una planta, de dónde procede, cuánto transporte necesita, qué ocurre durante el proceso y dónde termina el digestato resultante.
Este último aspecto es especialmente importante. El digestato conserva nutrientes, entre ellos nitrógeno, que deben gestionarse correctamente. No podemos presentar una planta como una solución medioambiental si después no existe una planificación adecuada para gestionar sus fracciones líquidas y sólidas y garantizar que su aplicación agrícola se realiza de acuerdo con las necesidades de los cultivos y las limitaciones ambientales.
Tampoco podemos hablar de economía circular cuando una instalación tiene que recorrer decenas de kilómetros para abastecerse continuamente de materias primas, movilizando camiones por las carreteras de nuestros pueblos y trasladando posteriormente los productos resultantes a otros territorios.
Un caso ilustrativo es el proyecto de Torralba de Calatrava, donde el análisis de la documentación técnica realizado por DATADISTA puso de manifiesto una diferencia muy importante entre la cantidad de purín que pretendía tratar la instalación y la disponibilidad estimada en su entorno próximo.
El proyecto contemplaba 110.000 toneladas anuales de purín, mientras que las explotaciones porcinas situadas en un radio de 35 kilómetros generarían aproximadamente 10.000 toneladas. La diferencia obligaría a recurrir a un importante transporte de residuos desde otros lugares.
Este ejemplo demuestra que el tamaño, la ubicación y la disponibilidad real de materias primas no pueden quedar en un segundo plano.
Una planta de biometano debe responder a una necesidad real de gestión de residuos del territorio, no convertirse en una infraestructura dimensionada exclusivamente para maximizar su producción energética sin considerar las consecuencias de su implantación.
La economía circular empieza por aprovechar los recursos cercanos, no por mover residuos de un lado a otro y llamar sostenible a todo el proceso.
Ni las macrogranjas son todas iguales ni todas las plantas de biometano son necesarias
Quizá uno de los mayores errores de este debate sea utilizar etiquetas generales para abordar realidades que requieren un análisis individualizado.
No podemos considerar que todas las explotaciones ganaderas intensivas tienen necesariamente el mismo comportamiento ambiental, del mismo modo que tampoco podemos afirmar que todas las plantas de biometano presentan idénticos riesgos o beneficios.
Hay proyectos que pueden aportar soluciones reales a zonas con elevada concentración ganadera, donde la gestión de los purines supone un problema de primer orden. En municipios con una importante actividad porcina, disponer de instalaciones bien dimensionadas, con una gestión adecuada del digestato y garantías ambientales, puede representar una oportunidad.
Pero también existen proyectos cuya capacidad de tratamiento no parece guardar una relación suficientemente clara con los residuos disponibles en su entorno, que necesitan grandes movimientos de camiones o cuya ubicación genera una preocupación razonable entre los habitantes de los municipios próximos. La diferencia está en los datos, en la planificación y en la forma de ejecutar cada proyecto.
Lo mismo sucede con las explotaciones ganaderas. No basta con discutir sobre el número de cabezas de ganado. Hay que conocer la carga ganadera, las instalaciones, el consumo de agua, la producción de residuos, la superficie disponible para su aprovechamiento y el sistema de gestión ambiental.
Como ingeniero agrónomo, creo que aquí la técnica debe imponerse al eslogan. Los estudios de impacto ambiental, los balances de nutrientes, los planes de gestión de residuos, los controles de aguas y la vigilancia de emisiones tienen que servir para tomar decisiones reales, no para convertirse en documentos que simplemente acompañan una solicitud administrativa.
Y si un proyecto no puede demostrar su viabilidad ambiental y territorial, no debería salir adelante. Pero si la demuestra, tampoco deberíamos descartarlo exclusivamente por la etiqueta que le hayamos colocado.
Necesitamos reglas claras y pueblos que participen en las decisiones
La dimensión que ha alcanzado el conflicto ha obligado a las administraciones a reaccionar.
Durante 2026 se han sucedido las movilizaciones ciudadanas contra la proliferación de plantas de biometano y determinados modelos de ganadería industrial. En el caso de Castilla-La Mancha, la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental mediante la Ley 5/2026, publicada el 23 de julio, ha reforzado el papel de los ayuntamientos en la decisión sobre la conformidad de los proyectos de biometano.
Los casos de Carrión de Calatrava y Daimiel, donde los respectivos ayuntamientos han manifestado su rechazo a proyectos concretos, reflejan hasta qué punto el debate ha llegado a las instituciones locales.
Por otra parte, la Junta está trabajando en un nuevo decreto para regular la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano. El proceso de participación pública ha registrado una respuesta social considerable: el Gobierno regional ha contabilizado 412 comentarios o alegaciones en su portal, además de otras aportaciones registradas, entre ellas 13.678 firmas de adhesión a alegaciones presentadas.
A fecha de octubre de 2026, el decreto continúa en elaboración. Por tanto, todavía queda trabajo por hacer para conseguir una regulación que aporte seguridad jurídica a los promotores y, al mismo tiempo, garantías suficientes para los ciudadanos.
Aquí la Administración tiene una responsabilidad enorme. No puede limitarse a reaccionar cuando un municipio se moviliza, cuando un pleno rechaza un proyecto o cuando una plataforma vecinal consigue reunir miles de firmas. La planificación territorial debe llegar antes.
Es necesario establecer criterios claros sobre distancias, capacidad de tratamiento, procedencia de los residuos, tráfico pesado, consumo de agua, gestión del digestato, protección de acuíferos y acumulación de instalaciones en un mismo entorno.
También es imprescindible que los ayuntamientos dispongan de información suficiente y capacidad técnica para analizar los proyectos. Muchos municipios pequeños no cuentan con recursos humanos especializados para interpretar expedientes ambientales de enorme complejidad.
La participación ciudadana no debería ser un trámite para cumplir con el calendario administrativo. Debe comenzar desde el momento en que se plantea una instalación, con información transparente, explicaciones comprensibles y diálogo con las personas afectadas.
La confianza no se consigue publicando un proyecto en un boletín oficial. Se consigue explicando qué se va a hacer, por qué se va a hacer allí, qué consecuencias tendrá y quién responderá si las cosas no funcionan como estaba previsto.
¿Qué modelo de ganadería queremos para nuestros pueblos?
En medio de toda esta controversia también deberíamos aprovechar para hablar de algo que, en ocasiones, parece quedar relegado: el futuro de la ganadería.
No podemos reducir la política ganadera a permitir o prohibir explotaciones intensivas. Hay una enorme diversidad de territorios y sistemas productivos, y necesita una estrategia que contemple todas las posibilidades.
La ganadería extensiva tiene un papel fundamental en muchas comarcas. Aprovecha recursos pastables, contribuye al mantenimiento de determinados paisajes, ayuda a gestionar la vegetación y genera productos con una identidad territorial diferenciada. Necesita apoyo, rentabilidad, relevo generacional y unas condiciones administrativas adaptadas a su realidad.
Pero tampoco debemos olvidar la importancia de las explotaciones intensivas en la estructura agroalimentaria regional. Son actividades que abastecen mercados, demandan materias primas, generan empleo y forman parte de una cadena productiva que no podemos desmantelar sin analizar previamente sus consecuencias.
No se trata de enfrentar modelos productivos, sino de exigir que cada uno se desarrolle allí donde sea viable y bajo las condiciones que correspondan.
Necesitamos ganaderos profesionales, explotaciones bien dimensionadas, inversiones tecnológicas, mejores sistemas de gestión de residuos y una industria agroalimentaria capaz de generar valor añadido.
Y, por supuesto, necesitamos que el desarrollo de nuevas actividades no suponga trasladar los problemas de una industria a otra ni convertir determinados municipios en receptores permanentes de instalaciones que otros territorios no desean.
El medio rural debe participar de los beneficios de los proyectos que se implantan en él. No puede asumir únicamente las molestias mientras el valor económico se genera y se queda fuera.
El campo necesita aliados, no enfrentamientos
Lo más preocupante de esta situación es que estamos consiguiendo que personas que deberían compartir muchos intereses terminen enfrentadas.
El agricultor y el ganadero necesitan pueblos vivos. Los vecinos necesitan empleo, servicios y actividad económica. Las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica para invertir. Los ayuntamientos necesitan capacidad de decisión y las administraciones deben garantizar que el desarrollo se produzca con todas las garantías.
Ninguno de estos intereses debería ser incompatible con los demás. No podemos construir un discurso en el que defender al ganadero signifique despreciar las preocupaciones de los vecinos. Pero tampoco podemos permitir que cualquier proyecto relacionado con el sector primario sea recibido automáticamente como una amenaza.
Hay que escuchar, estudiar, contrastar y decidir. Y, sobre todo, hay que dejar de convertir un problema técnico y territorial en una batalla de etiquetas.
Desde mi posición de joven ingeniero agrónomo, convencido de la importancia del sector primario y de la necesidad de defenderlo, tengo claro que no podemos permitirnos un país sin actividad ganadera, sin industria agroalimentaria y sin agricultores y ganaderos capaces de generar riqueza en nuestros municipios.
Pero tampoco podemos defender el campo de espaldas a quienes viven en él. El futuro de nuestros pueblos no pasa por llenar el medio rural de instalaciones sin planificación, ni tampoco por cerrar la puerta a cualquier inversión que pueda generar oportunidades. Pasa por decidir qué necesitamos, dónde lo necesitamos y bajo qué condiciones estamos dispuestos a desarrollarlo.
Porque una granja bien gestionada puede ser una oportunidad para un municipio. Una planta de biometano correctamente dimensionada puede solucionar un problema de residuos y generar energía renovable. Y una industria agroalimentaria puede convertirse en un importante motor económico para una comarca.
Pero ninguna de ellas debería tener como precio la pérdida de calidad de vida de los vecinos, la degradación de los recursos naturales o la falta de perspectivas para las siguientes generaciones. No queremos pueblos convertidos en polígonos industriales, pero tampoco pueblos sin agricultores, sin ganaderos y sin empresas. Queremos pueblos vivos, con actividad económica, con oportunidades y con capacidad para decidir su futuro.
