Castilla y León ha hecho públicas las novedades de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 rebajas tributarias y que dedica una importancia especial al medio rural.
Dentro del paquete de medidas se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentados para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados.
También se suprime en las escrituras sobre agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a esas explotaciones agrarias prioritarias.
Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el Impuesto de Sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias, que se extiende a familiares como primos, tíos, abuelos o sobrinos nietos.
También se aplica a trabajadores asalariados de la explotación que cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.
Al mismo tiempo, para incentivar la agrupación de parcelas se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales del 7% para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes.
De este modo se complementa la bonificación del 100% en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.
Beneficios fiscales del medio rural
Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían los beneficios fiscales a municipios de hasta 20.000 habitantes, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la comunidad.
Asimismo, la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40% estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente.
Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25% al 27%, con la meta de situarse en el 30% al concluir la legislatura.
Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15% al 17%, con un objetivo final de la legislatura del 20%.
Medidas para autónomos
Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8% al 7%, con un objetivo final de legislatura del 4%, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5% al 1%, con una meta de situarlo en el 0,5%.
Parques fotovoltaicos
Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas “frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos”, según la Junta.
Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas.
Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural.
Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales.
Rebaja del IRPF
Entre las principales novedades destaca la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes. De hecho, en 2027, el tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura.
Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas “con el tipo mínimo del IRPF más bajo de España, además de contar con una de las tarifas autonómicas más favorables para los contribuyentes de todo el panorama nacional”, señalan desde el Ejecutivo regional.
Asimismo, se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento.
A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3% sobre los primeros 100.000 euros por heredero.
Acceso a la vivienda
Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes.
En este ámbito, implantará la ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.
Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75% frente al general del 8%.
Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista.
Apoyo a la natalidad
En materia de apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura.
Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
