Ricardo Ortega
El domingo 23 de julio, día de las elecciones generales, se prevé una jornada calurosa marcada por la estabilidad en la mayor parte de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El domingo las temperaturas podrían superar los 35°C en muchas regiones de España, incluida Castilla y León.
Será el colofón a unas semanas de calor e intensa actividad política, aunque es posible que una mayoría de ciudadanos se haya olvidado a ratos de la campaña electoral y, en el caso del campo, se haya centrado en otras campañas más inmediatas, como la del cereal o la patata.
Llegados hasta aquí, conviene preguntarse cómo contemplan la situación diferentes agentes vinculados a la agricultura, la ganadería y el medio rural. Si el campo preocupa de verdad a nuestros representantes políticos o si consideran que, en realidad, ya está todo el pescado vendido en las circunscripciones más agrícolas, que por lo general son las más pequeñas, y que por tanto sus propuestas se deben centrar en seducir a las grandes áreas urbanas.
La agricultura supone el 2,61% del PIB
Estas semanas de frenética actividad política, donde continuamente se habla de lo que puede suceder en las próximas elecciones generales de nuestro país el 23 de julio,” son pocas las veces que el tema gira alrededor de agricultura, son mínimas las menciones en los programas electorales y eso que estamos hablando de un pilar económico de nuestro país”, apuntan desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, Anove.
En este último año, la agricultura contribuyó con un 2,61% al PIB de España. La importancia de la agricultura en España no se ve sólo en la contribución que este sector tiene en el PIB del país, sino en su propio paisaje: España es el segundo país de la Unión con más hectáreas destinadas a la agricultura, sólo superado por Francia, con regiones como Castilla y León y Andalucía a la cabeza en extensión de terreno de uso agrícola.
En cuanto al empleo, alrededor de 763.000 personas están ocupadas en el sector agrario en España, lo que convierte de nuevo al país en una de las regiones de Europa que más trabajo emplea en este sector, sólo superado por Polonia, Rumanía e Italia, según datos de Eurostat.
Por ello, de cara a las elecciones, Anove llama la atención a políticos e instituciones sobre la importancia de la mejora vegetal y reclama:
-Que tengan en cuenta el papel que representa la mejora mejoral como vector de innovación en la cadena agroalimentaria y que reconozca como sector esencial y estratégico.
-Desplegar todas las herramientas y tecnologías disponibles, avaladas por criterios científicos, para avanzar más rápido en la obtención de variedades que permitan afrontar los retos actuales: alimentar a una población creciente utilizando menos recursos, el cambio climático, las crisis geopolíticas y sanitarias, etc.
-Una mayor interlocución en los ámbitos administrativos para participar en los desarrollos legislativos y contribuir así con nuestra visión y con las capacidades técnicas y científicas que se concentran en los más de 60 centros de investigación que hay en nuestro país.
Desaparición de explotaciones
Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, denuncia que el debate político “deja fuera las posibilidades de tratar seriamente nuestro sector”. “Aquello de lo que no se habla, evidentemente, se termina olvidando”, recuerda.
Y ese olvido está llevando a la desaparición de muchas explotaciones cada día y a que aumente la llegada de fondos y grupos de inversión a la agricultura y a la ganadería.
El 7% de las 950.000 explotaciones qué hay en nuestro país genera el 45% de la producción final agraria. Luego, unas 67.000 explotaciones casi producen el 50% de nuestras necesidades alimenticias.
La cuestión está en si este es el modelo que queremos. “¿O estamos por un modelo profesional y social en nuestro país?”, se pregunta en un artículo de opinión publicado en el diario El Mundo.
Lo razonable en España sería, según Rivera, que el número de explotaciones estuviera en torno a las 400.000, menos de la mitad de las que ahora tenemos.
Problema número uno: excesiva atomización de explotaciones, muy pequeñas y poco profesionales.
Problema número dos: el agua. Sin ella no hay futuro. Y se trata de buscar soluciones y no sólo restricciones ante las sequías que año tras año sufrimos. Un Plan Hidrológico acorde con las necesidades de la población, sería lo primero. Lo segundo, disponer de las necesidades hídricas para producir alimentos.
En tercer lugar, y último, utilizar el agua para producir energía. Así, básicamente, se definen las necesidades del agua en el Plan Especial de Sequía.
Contra la especulación
COAG ha presentado a los partidos políticos 100 medidas para proteger a la “clase media agraria”, ya que la “uberización del campo español” está poniendo contra las cuerdas a los 350.000 agricultores más profesionalizados.
La producción agraria actual se está viendo alterada “de forma radical” por una serie de motores ajenos y propios que pueden desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura.
“Y es que el valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos. La cadena no genera valor para el agricultor, más bien lo destruye con la intención de hacer desaparecer a las explotaciones familiares: nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento. La rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural”, destaca la organización a través de un comunicado.
Unificar Agricultura y Medio Ambiente
Asaja ha elaborado un documento reivindicativo, dirigido a los partidos políticos, compuesto por las principales demandas que la organización entiende como esenciales para que el sector agrario siga siendo un sector “estratégico” de la economía, pero también “prioritario” para la sociedad.
En su opinión, las elecciones serían una oportunidad para la creación de un ministerio que aglutine competencias en agricultura, agua, medio ambiente, transición ecológica y desarrollo rural.
“Consideramos básico integrar de manera transversal y en paralelo las cuestiones agraria y rural en prácticamente todas las políticas públicas, al tiempo que es necesario crear un ministerio que aglutine las competencias de agricultura, agua, medio ambiente, transición ecológica y desarrollo rural”, recalca.
“Igualmente es preciso intensificar la coordinación de este ministerio con los de Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, etc. para garantizar una protección y promoción adecuadas e integrales del sector agrario y del medio rural”, añade.
Entre otras reivindicaciones de Asaja, destacan algunas como:
-Reconocimiento del valor de la profesión de agricultor y ganadero y concienciación de su papel estratégico.
-Son necesarios apoyos e instrumentos que aseguren la rentabilidad, y en particular que garanticen precios justos en origen, así como la aplicación de medidas de contención de costes de producción y compensatorias de las subidas desmesuradas de los últimos años.
-Apoyo reforzado a los jóvenes y las mujeres, garantes del relevo generacional en el sector.
Ayudas directas y Ley de la Cadena Alimentaria
Asaja León ha recibido en su sede de León a los candidatos del PSOE a las elecciones del 23 de julio. Participaron en la reunión, por parte del PSOE, el secretario general y candidato al Congreso, Javier Cendón, y el candidato al Senado, Salvador Vidal, mientras que por parte de Asaja estuvo el presidente, Arsenio García Vidal, y el secretario general José Antonio Turrado.
La organización ha reconocido que el actual Gobierno ha sido el único que hasta ahora ha dado ayudas directas al campo al margen de los fondos de la PAC, pues lo ha hecho con motivo del Covid, de la guerra en Ucrania y de la sequía. También se han reconocido avances importantes en las inversiones en modernización de regadíos y en los nuevos regadíos de Payuelos.
Asaja ha pedido que se siga avanzando en la Ley de la Cadena Alimentaria para que los productores cobren precios justos, y que se siga mejorando el seguro agrario y ganadero.
También ha reprochado al PSOE que el Gobierno “haya considerado a León como zona de incidencia media de sequía, lo que ha restado apoyos, tanto a los ganaderos como a los agricultores”, con respecto a otros territorios.
“Defender el modelo agrario tradicional”
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, referente nacional de UCCL, ha remitido por su parte a los partidos políticos un documento con más de 50 medidas que debe tener en cuenta el nuevo titular de Agricultura para la próxima legislatura.
La organización considera “fundamental” una renovación de la defensa del modelo agrario tradicional y no dejarse llevar por corrientes que no miran a la agroalimentación en su conjunto y que nacen en despachos sin saber nada de la realidad del campo.
Unión de Uniones insiste en que este es el mayor reto al que debe enfrentarse el nuevo equipo de Gobierno si no quiere poner en riesgo la soberanía alimentaria. Así, pide que se impulse que la alimentación sea excluida de las actuales reglas de la Organización Común del Comercio para darle la importancia que tiene como sector estratégico y necesario.
En el mismo sentido, propone que se pongan en marcha fehacientemente las cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales, que se estudie previamente su impacto ante las producciones europeas así como que se revise la activación de cláusulas de salvaguardia.
Unión de Uniones argumenta que el sector está atravesando un periodo complicado. Al impacto de la pandemia, la guerra y la sequía, se le han unido todas las trabas puestas e impuestas por el Pacto Verde y políticas medioambientales que, lejos de acompasar a la agricultura y la ganadería, la están reduciendo.
“Nos están atacando por lo todos los flancos. La realidad es que nosotros nos quedaremos sin renta, pero ellos se quedarán sin comer o mal comiendo”, denuncian desde la organización.
La huella de carbono de la cita electoral
Según datos públicos, en las elecciones generales pasadas de 2019 se imprimieron cerca de 375 millones de papeletas. Bajo esta premisa y basándose en una estimación de producción similar para este año, CO2 Revolution, la start up dedicada al cálculo y compensación de huella de carbono a través de la reforestación, ha calculado el impacto de esta fabricación en el medio ambiente.
Para ello ha tenido en cuenta los principales factores que más huella de carbono generan como la producción de papel, consumo de tinta e impresión.
CO2 Revolution estima que dicha producción supone un gasto de 818 toneladas en papel. Asumiendo que la producción de papel genera 0,92 toneladas de CO2 aproximadamente, la emisión de dióxido de carbono al aire de dicha cantidad supone 754 toneladas de CO2.
Para conocer la huella de carbono la compañía cuenta con un departamento experto en cálculo para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, “garantizando la precisión de las mediciones mediante la norma ISO 14064”, como apunta a través de un comunicado de prensa.
¿Y los ecologistas?
Desde el otro ángulo del cuadrilátero, Greenpeace ha hecho llegar a los partidos sus propuestas para impulsar “una transición energética ciudadana, la protección de la biodiversidad, la democratización de la economía, la sostenibilidad social y ambiental de la Unión Europea para crecer en democracia y proteger el planeta”.
El documento contiene 125 medidas en cinco bloques que apelan a una sociedad unida y solidaria para afrontar la emergencia climática.
Greenpeace defiende la urgente transformación del modelo energético, de movilidad y agropecuario y propone alcanzar emisiones ‘netas cero’ en 2040, energía limpia en manos de la gente y respetuosa con la biodiversidad “y movernos de forma más inteligente y saludable”.
Para proteger la biodiversidad, “la mayor riqueza y legado para los que vendrán”, la organización ecologista aboga por modificar el modelo de producción y consumo, “abandonando una economía irracional que destruye los ecosistemas de los que depende la vida”.
También propone cumplir y ampliar la legislación que protege la naturaleza, “considerar el agua como un bien escaso”, poner en valor los pueblos e “impulsar la transición hacia la agroecología y la pesca artesanal”.
